- Decisión va en contra de las conquistas laborales: Colegio de Economistas
- Perjudicarán a 20 millones de personas que se rigen bajo la Ley del Seguro Social de 1973
Sin que sindicatos ni cámaras empresariales levanten aún la voz, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el tope máximo para fijar la pensión serán 10 salarios mínimos y no los 25 previstos en la Ley del Seguro Social.
Gerardo Sánchez, integrante del Colegio de Economistas de Aguascalientes, expuso que el 24 de febrero la SCJN realizó una modificación al artículo 33 del esquema de pensiones en donde las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenían un tope de 25 salario mínimos, actualmente de 55 mil 449 pesos. Ahora está tomada a 336 mil 936 pesos; una decisión en contra de las conquistas laborales: “Lo increíble es que ningún sindicato cono CTM, la CROM y ninguna cámara empresarial tampoco; nadie, cuando se está atentando contra conquistas laborales, pues en dos o tres años pueden decidir volverlo a bajar. Eso es preocupante porque esta nota a nivel nacional casi no se dio y el presidente esos días estaba muy preocupado en vender boletos para el avión”.
Luego de que fue aprobada el 24 de enero, la aplicación de esta resolución es obligatoria a partir del 27 de enero de este año; la tesis ya fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación.
Para Gerardo Sánchez está situación resulta por demás delicada para los trabajadores de la llamada “generación de transición” del régimen de retiro, que al jubilarse opten por una pensión del IMSS, tendrán un tope de 10 salarios mínimos, no de 25.
De esta manera las pensiones más raquíticas, de forma independiente a los montos que obtuvo a través de sus años laborados.
El economista reiteró su preocupación de que, así como se dio esta disminución del número de salarios mínimos en las pensiones para quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, y que se rigen bajo la Ley del Seguro Social de 1973, en cualquier momento se decida otro recorte. Calculó que, de los 54 millones de cuentas inscritas en las Afores, serán alrededor de 20 millones de personas afectadas bajo este nuevo esquema.
El argumento que fundamentó esta decisión de la SCJN es que el Gobierno se encuentra sin recursos para financiar las pensiones, cuando esto debió preverse al tratarse de conquistas laborales.
