- ¿Debe replantearse regresar al Ejecutivo facultades que hoy son ejercidas por organismos autónomos?
- La democracia no sólo supone elecciones auténticas, sino un poder regulado para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de las instituciones estatales
Fue apenas hace 40 años cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todos los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tanto federales como estatales y municipales. Su objetivo era mantenerse en el poder y perpetuar la obtención de beneficios para aquellos que lograban escalar en la estructura del partido. “Pertenezco a una generación que vivió la mayor parte de su vida bajo un régimen autoritario, vertical, cerrado y opuesto a la participación y organización ciudadana independiente”, relató Clara Judisman presidenta del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi y de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A. C.
En ese contexto y desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, empezaron a surgir nuevas organizaciones civiles en lucha por la democracia. Ahí empieza a surgir el interés por la creación de órganos constitucionales autónomos que permitieran quitar de manos del PRI y de la presidencia, aspectos de la vida pública que eran fundamentales para transitar a un régimen democrático, rememoró en su artículo “Autonomía y democracia”, publicado en la revista Forum.
Primeros organismos autónomos
Las primeras autonomías que surgieron son: el Banco de México, que surgió como una forma de darle mayor credibilidad y consistencia a la política monetaria; el Instituto Nacional Electoral (INE), que respondió a la desconfianza por parte de la oposición y de la ciudadanía en la imparcialidad de las elecciones; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien se volvió autónoma porque era poco creíble que funcionara si estaba subordinada a las mismas autoridades a las cuales le tocaba vigilar.
Por otra parte, el origen de las autonomías que siguieron tiene más que ver con la necesidad de reforzar el funcionamiento de instituciones responsables de diversas áreas de la administración pública. Entre ellas resalta el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) porque es un ejemplo de cómo una institución de estadística puede contribuir a fomentar el derecho de la ciudadanía a estar siempre informada con veracidad y con independencia de las autoridades políticas, mencionó Eduardo Sojo, exdirector de la institución, en su artículo La autonomía: una forma diferente y mejor de atender determinadas responsabilidades públicas.
A 40 años de la creación de estos organismos de contrapeso “¿Se debería replantear la conveniencia de regresar al Ejecutivo algunas facultades que hoy son ejercidas por organismos autónomos? No, no lo creo”, concluyó Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Los organismos autónomos no son oficinas de gobierno
Todo parece indicar que desde el gobierno -y también desde ciertos espacios de la sociedad- no se acaba de entender la necesidad y relevancia de los órganos autónomos del Estado. Los organismos son autónomos y no son oficinas de gobierno, puntualizó José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral.
Hoy, la idea democrática es hegemónica y con ella, se reconoce la centralidad del expediente electoral. “Recordemos que la democracia no solo supone elecciones auténticas, sino un poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de las instituciones estatales”, escribió Woldenberg en su artículo: Autonomía y autoridades electorales, publicado en la revista del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
FCCyT
