Opinión

Adhesión al Estado de Derecho/ El apunte 

Para el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Ningún estado llega a una calificación perfecta; de hecho, las puntuaciones más altas no llegan a la mitad del puntaje, por lo que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho. 

Aunque el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 se basa en la metodología que el WJP ha utilizado durante años a nivel global, los puntajes no son estrictamente comparables, porque el marco conceptual y metodológico utilizado en México se adaptó y fortaleció para reflejar el contexto nacional. 

Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 fueron Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados lideraron el ranking en la edición de 2018 del Índice. Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.

Entre 2018 y 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en 6 (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).

AGUASCALIENTES: CALIFICACIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES 2020

Del año 2018 a la nueva lectura 2019-2020, Aguascalientes conserva su calificación en tres factores, mejora su puntaje en cinco y reduce su nota solamente en una, la de Derechos Fundamentales, que por cierto es en la que obtiene su máxima calificación. 

Si bien Aguascalientes se ubica en segundo lugar nacional, debe considerar las buenas prácticas en materia de Estado de Derecho impulsadas en  Yucatán, primer lugar general y primero en tres de los ocho factores; pero también en el vecindario regional aparecen punteros importantes como Querétaro, primero en cuatro factores, pero último en Gobierno Abierto, y Guanajuato primero en Justicia Civil.

De acuerdo con la metodología del Índice de Estado de Derecho los ocho indicadores fundamentales para su evaluación son los siguientes:

Límites al poder gubernamental: El Factor 1 mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Este factor también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones civiles y los partidos políticos.

Ausencia de corrupción: Este Factor 2 mide la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judiciales locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores.

Gobierno abierto: El Factor 3 mide gobierno abierto, definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mide si los ciudadanos pueden conocer el accionar del gobierno y si pueden incidir en sus decisiones. 

Derechos fundamentales: El Factor 4 mide la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales, establecidos por el derecho internacional, no puede ser un Estado de Derecho. 

Orden y seguridad: El Factor 5 mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger. 

Cumplimiento regulatorio: El Factor 6 mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. El Factor 6 no evalúa el tipo de actividades que los gobiernos estatales deciden regular o si la regulación de determinada actividad es apropiada; simplemente, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial.

Justicia civil: El Factor 7 mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. 

Justicia penal: El Factor 8 evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. Un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. De aquí, que una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todos los participantes del sistema, incluyendo la policía, los defensores, los asesores jurídicos de las víctimas, los fiscales, los jueces y las autoridades encargadas del sistema penitenciario.

Para la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. “Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y debe ser abordado”.

Los altos niveles de violencia e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en agravios arraigados que pueden extenderse por generaciones. La violencia sexual y los delitos, son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho y los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan fortalecer el Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos, que es fundamental en este proceso de consolidación para la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.

 



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Eugenio Herrera Nuño

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