- En 2013, al inicio de la gestión de Peña Nieto, hubo 87 denuncias. Mientras que el año pasado, ya con AMLO, se registraron 324 acusaciones. La Procuraduría Agraria y la CFE de Manuel Bartlett encabezan la lista.
EMEEQUIS/Patricia Tapia
Las denuncias contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción cometidos en contrataciones públicas federales, abusando de su poder, crecieron 272% en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al primero de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en respuesta a una solicitud de información de EMEEQUIS realizada vía transparencia, en 2013, al inicio de la gestión de Peña Nieto, hubo 87 denuncias. Mientras que el año pasado, ya con AMLO, se registraron 324 acusaciones.
Los más señalados
De las 324 denuncias realizadas el año pasado contra servidores públicos por posibles actos de corrupción en las contrataciones, 70% se concentra en 10 instituciones. La lista la encabeza la Procuraduría Agraria con 40 acusaciones.
En segundo lugar, ambas con 39 denuncias, se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Blanca Jiménez Cisneros.
El tercer lugar fue para Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero Oropeza, donde hubo 26 denuncias.
Las seis instituciones restantes por cantidad de delaciones fueron: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diconsa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el ISSSTE.
Se incentiva denuncia
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, ha asegurado que el incremento de denuncias ante esta dependencia es porque la nueva administración ha incentivado esta práctica entre la ciudadanía y en las mismas instituciones gubernamentales.
“En esta cuarta transformación nos hemos propuesto castigar la corrupción, eliminar el derroche, terminar la ineficacia, ciudadanizar la fiscalización de los fondos públicos, proteger la denuncia, garantizar la transparencia”, dijo el pasado 14 de octubre en su comparecencia ante diputados.
Las malas prácticas
Los presuntos actos de corrupción entre los funcionarios públicos denunciados son: Uso indebido de atribuciones y facultades, proporcionar información privilegiada de los procesos de contratación e irregularidades en estos, uso indebido de recursos, contratación indebida, así como solicitud de pagos para favorecer a empresas.
De las denuncias presentadas en 2019 ninguna tiene registro de sanción. En algunos casos se señala que no aplica, que el resultado de la investigación fue archivada por falta de elementos, aún no se investiga o se encuentra en esa etapa.
Eréndira Sandoval ha recalcado en varias ocasiones que se tendrá cero tolerancia a la impunidad en el tema de las contrataciones públicas.
“Nos dimos a la tarea de detener la simulación y fortalecer la investigación y la sanción de las faltas administrativas de los servidores públicos. En lo que va del gobierno realizamos casi cuatro veces más investigaciones que lo que se vivió, lo que se pudo ver en todo el último año de la administración pasada”.
Indicó que hasta octubre del año pasado la SFP y los Órganos Internos de Control de diversas dependencias federales tenían en proceso más de 28 mil investigaciones por presuntas irregularidades de servidores públicos, por posible corrupción en procesos de contrataciones, aunque también hay por declaración patrimonial y abusos de autoridad.
En el pasado
Durante la administración de Peña Nieto (2013-2018) hubo un total de 737 denuncias, de las cuales sólo un 7% contaron con una sanción a servidores públicos.
De las 56 denuncias señaladas con castigo, la mayoría fue para funcionarios de Diconsa (ahora Selgamex), que se encarga de abastecer a las comunidades rurales de productos de la canasta básica y complementarios. Todas por “irregularidades en el procedimiento”, que involucraron a mandos altos, gerentes y coordinadores, los cuales fueron sancionados únicamente con suspensión de manera temporal.
No obstante, 681 denuncias presentadas en ese sexenio no cuentan con una sanción para el funcionario público acusado, y únicamente 13 siguen bajo el estatus de una investigación en curso.
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