- No debe de ser la discusión per se, sino que existe una problemática de fondo que es necesario reflexionar
- Aumentar la pena en los feminicidios “ayudó” a visibilizar la problemática que existe en torno a este tópico en el país
En febrero, la Cámara de Diputados aprobó, con 415 votos a favor y uno en contra, el dictamen que reforma los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal en materia de penas a quienes cometan feminicidios; el único voto en contra fue de la diputada independiente Lucía Riojas quien a través de su cuenta de Twitter publicó un video en donde explicó el porqué de su voto: “Hoy voté en contra del aumento a las penas del delito del feminicidio. No vengan a decirnos que quieren castigar a quienes nos matan cuando ustedes desprecian nuestras vidas. El origen de la violencia en contra de las mujeres es el desprecio por la vida y ese desprecio tiene muchas formas. El sistema de explotación nos desprecia, sí, pero también quienes piensan que tienen el poder de negarnos derechos a las mujeres, quienes nos niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos (…)”.
Al respecto, la maestra Andrea Medina Rosas, experta en materia de derechos humanos, defensa de las mujeres y perspectiva de género, explicó que el aumento a la pena de feminicidios no debe de ser la discusión per se, sino que existe una problemática de fondo que es necesario reflexionar.
“Comprender que lo jurídico no es sólo la norma; sino quién opera la norma y qué ciudadanía tenemos, eso nos tendría que llevar a una reflexión de si la solución está en aumentar la sanción porque, por definición, el tipo penal, es una sanción agravada. Porque tiene como causa y consecuencia la discriminación. Si planteamos nada más que se aumente la sanción, no estamos tocando los otros dos ejes: ¿qué está pasando con quien está operando? -Como nos dicen- y ¿qué está pasando con la sociedad civil, conoce o no el tipo penal, si entiende la discriminación?”, respondió la abogada Andrea Medina Rosas, tras cuestionarle sobre su opinión en relación al aumento de pena a quien cometa feminicidio.
Más allá de seguir apostando por el aumento de las penas para ciertos delitos, sin desmentir que son una realidad y que sí necesitan ser sancionados, la experta sugirió verificar los tratados internacionales, las convenciones y sentencias que fueron resueltas para acabar con la violencia hacia la mujer. Andrea Medina Rosas señaló que un ejemplo que podrían y que deberían de seguir las autoridades es el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que tiene como finalidad el prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Dicho mecanismo contiene indicadores que previenen la violencia contra la mujer, son oficiales, y toda la política pública tendría que estar evaluada y diseñada de acuerdo a estos indicadores. Si bien aumentar la pena en los feminicidios “ayudó” a visibilizar la problemática que existe en torno a este tópico en el país, el eje del problema merece una reflexión más profunda que implique cambios que abarquen más que sólo permutas en la norma; discusiones sobre el exigir efectividad a los órganos procuradores de justicia respecto a las investigaciones de feminicidios, o acciones reales sobre la educación con perspectiva de género son temas que deberían de tomarse en cuenta.
