- Desde la discusión de la reforma laboral en 2019, se empujaron iniciativas por eliminar la subcontratación como una práctica legal
Trabajadoras de Intendencia Organizadas que hace 4 años fueron despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) exigieron al Congreso federal que durante las discusiones legislativas y revisión de dictámenes que actualmente se llevan a cabo con respecto al outsourcing elimine la posibilidad de usar esta forma de contratación para quienes realizan actividades de limpieza.
“La limpieza no puede ser subrogada dado que es elemental para el trabajo de cualquier área, sobre todo la educativa, donde se requiere la limpieza. La intendencia debe ser parte de la comunidad de un área de trabajo, sobre todo las instancias de gobierno (…) es necesario para tener un ambiente sano para las y los trabajadores. (la limpieza) Es un trabajo que nunca se agota, es permanente, continuo”, explicó en entrevista a Cimacnoticias Guadalupe Carrasco, una de las trabajadoras organizadas del IEMS y, ahora, una defensora de los derechos humanos laborales contra la subcontratación u outsourcing.
Trabajadoras del IEMS: emblema de abusos y de lucha
Las Trabajadoras de Intendencia se agruparon y organizaron desde diciembre de 2015, luego de que se despidió sin ningún reconocimiento laboral a 59 empleadas de limpieza de distintos planteles del IEMS.
El suyo es un caso emblemático de cómo la subcontratación en México funciona como una práctica para que los dueños de las empresas evadan responsabilidades patronales y las trabajadoras no consigan hacer exigibles sus derechos laborales.
Como documentó Cimacnoticias, luego del despido, las trabajadoras iniciaron un proceso organizativo para la defensa de sus derechos. En el camino identificaron que el IEMS no las reconocía como empleadas, sino que delegó a dos empresas subcontratistas (Roc-Man, el nombre de una de ellas) cualquier responsabilidad que hubiera por violación a sus derechos laborales.
Estas empresas, por su parte, resultaron ser “fantasmas”, pues no respondieron las llamadas telefónicas de las trabajadoras, tenían el mismo representante legal aunque diferente razón social, no tenían oficinas y el domicilio fiscal que declararon era falso.
Al detectar todas estas irregularidades y ante la inexistencia de las empresas subcontratistas, las trabajadoras iniciaron una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que fuera directamente el IEMS quien las reconociera como empleadas y les restituyera sus derechos laborales, lo que cuatro años después aún no ha sucedido.
Las trabajadoras también iniciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), la cual se cerró en 2018 porque “no hubo violaciones a los derechos laborales”; levantaron un plantón en el que realizan jornadas informativas; y, desde entonces, realizan campañas y diversas acciones públicas para exigir que se reforme la Ley Federal del Trabajo (LFT) para evitar nuevos abusos laborales por parte de empresas subcontratistas.
La discusión legislativa
Desde la reforma de 2012, la LFT reconoce la subcontratación y dice que ésta no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; deberá justificarse por su carácter especializado; y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Desde la discusión de la reforma laboral en 2019, diversas legisladoras y legisladores –acompañados por organizaciones a favor de las mujeres trabajadoras, como las integrantes de la Campaña Trabajo Digno– empujaron iniciativas por eliminar la subcontratación como una práctica legal.
Sin embargo, esta discusión quedó fuera de la reforma final. Después, en noviembre de 2019, el senador Napoleón Gómez Urrutia presentó una nueva iniciativa al respecto, la cual avanzó en Comisiones pero quedó atorada ante el rechazo de las diferentes cámaras empresariales del país.
Como parte de este proceso, el Senado de la República realizó el pasado 12 de febrero un Parlamento Abierto cuya discusión se centró en materia de subcontratación laboral como la certificación y supervisión efectiva; la especialización y temporalidad como factores de la subcontratación; el derecho de participación de los trabajadores bajo las utilidades y el derecho a la libre sindicalización; y régimen de responsabilidad y sanciones en materia de subcontratación.
Las Trabajadoras de Intendencia Organizadas acudieron al recinto legislativo, pero no se les permitió participar, así que, de acuerdo con Carrasco, se limitaron a escuchar la posición de los empresarios y los representantes de las y los trabajadores.
Al final se elaboró un dictamen que no ha sido discutido y que no elimina la subcontratación. Sin legislar a favor de las trabajadoras ni garantizar justicia a las del IEMS, se decidió basificar al personal de intendencia pero sólo de la Cámara baja que trabaja en San Lázaro.
De acuerdo con la información que han acumulado las Trabajadoras de Intendencia Organizadas, 80 por ciento de quienes se ocupan en actividades de intendencia de manera subcontratada son mujeres y 20 por ciento hombres.
“La subcontratación es una forma de esclavitud, ya que toma a la gente más vulnerable que por necesidad toma ese tipo de trabajos. Quedó demostrado que en el Congreso sólo hablan los empresarios. Nosotras entramos pero sólo vimos las pantalla, jamás se tomó en cuenta nuestra opinión de trabajadores. No creemos que eso sea justo para los trabajadores. Nosotras hemos planteado desde el inicio que se necesitan derechos plenos para los trabajadores, no simulación”, explicó Carrasco.
La defensora de derechos laborales precisó que, según lo que han investigado, las empresas subcontratistas del IEMS reciben contratos de 22 millones y medio de pesos para 10 meses por 360 trabajadores (o menos, porque hay plazas de aviadores). “Con lo que pagan a cada uno se cubre la mitad de esos 22 millones, ¿y el resto dónde queda volando?”, cuestionó.
Las trabajadoras asistieron este 18 de marzo a la Junta Local de Conciliación para exigir, junto al sindicato, que todo el personal de intendencia sea basificado y se le reconozcan todos sus derechos laborales; el laudo que obligaría al IEMS a reconocerlas como empleadas sigue rezagado porque no han notificado; y las empleadas siguen siendo despedidas de los planteles educativos sin que se les reconozcan sus derechos laborales.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa | Cimacnoticias
