- Reforma contra la violencia política a las mujeres pone a México a la vanguardia
- La magistrada de la Sala Superior del TEPJF afirma en conversatorio virtual que juzgar con perspectiva de género ya no es una opción, sino una obligación
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, afirmó que la recién aprobada reforma para eliminar la violencia política contra las mujeres presenta a México ante el mundo como un país de vanguardia, y que atiende la pandemia en que se ha convertido también la violencia político-electoral en razón de género.
Sostuvo que hoy en día, bajo este nuevo marco legal, juzgar con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación.
La magistrada participó en el Conversatorio Virtual Dimensión y alcance de la reforma para eliminar la violencia política contra las mujeres, organizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyas titulares Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman Zylbermann, estuvieron presentes.
Mónica Soto destacó que el nuevo ordenamiento sanciona los actos de violencia y establece sanciones específicas en diversas materias, para que se castigue a quienes cometen este tipo de conductas, y se cuenta con un esquema de protección y reparación para los derechos de las víctimas, aunado a que los partidos políticos están obligados a garantizar la igualdad de condiciones para las mujeres.
La magistrada resaltó que la reforma es de tipo transversal porque pretender atender el problema desde diversas perspectivas y abarca la modificación de ocho leyes en total para contrarrestar este tipo de prácticas.
Subrayó que por primera vez se regula en el ámbito legal qué es la violencia política contra mujeres por razón de género; los supuestos que la actualizan; las autoridades competentes; las vías para desahogar los procedimientos; las medidas cautelares; las reparaciones a las violaciones que se cometan; la obligación de los partidos políticos en materia de atención y prevención de estos casos, entre otros temas muy trascedentes, con lo que se otorga a las autoridades en el ámbito administrativo, electoral y penal, un piso mínimo que les permite identificar y sancionar ahora, las situaciones que pueden dar lugar a actos de violencia política hacia las mujeres por razón de género.
Antes de la reforma, recordó, en materia electoral se juzgaba con un vacío legal que fue llenado en gran parte con disposiciones que, si bien es cierto no eran vinculantes, eran de gran valía, como el protocolo para atender la violencia política por razón de género, además de la jurisprudencia y criterios del TEPJF. “En esa medida celebramos que haya una gran coincidencia entre los conceptos abordados en el protocolo y la jurisprudencia del Tribunal, con lo atendido en esta reforma”, dijo.
Entre los principales retos de la reforma destacó que se vuelva una realidad tangible que pueda expresarse en el siguiente proceso electoral y los que vengan, además de que las autoridades electorales están obligadas a fortalecer la capacitación en relación al contenido de la reforma y cuáles son sus alcances e impacto.
Mónica Soto reconoció el esfuerzo legislativo, acompañado de una gran cantidad de instancias y la sociedad civil, que hoy coloca al Estado mexicano más cerca del cumplimiento de sus compromisos constitucionales y convencionales de otorgar a las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito político-electoral.
TEPJF
