- Denuncian acoso y violencia laboral, nepotismo y atención deficiente a mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres
- Acusan de intervenciones a sus teléfonos, así como amenazas para que no comenten sobre los despidos
Trabajadoras despedidas del Centro de Justicia para las Mujeres denuncian violencia e inestabilidad laboral, y nepotismo. En el anonimato, por el temor a represalias, varias mujeres comparten su experiencia laboral en el Centro Justicia, así como su despido en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19.
Apenas hace unos días, la Comunidad Feminista de Aguascalientes difundió que al menos ocho trabajadoras del Centro de Justicia para Mujeres habían sido despedidas injustificadamente y dejó entrever que podría tratarse de un asunto de nepotismo, al ingresar a laborar personas cercanas al fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, y al vicefiscal, Luis Guillermo Padilla Reynoso, así como por el ejercicio de la maternidad de algunas de estas trabajadoras.
Las extrabajadoras señalan que la maternidad ha sido desde siempre una condición de riesgo para las mujeres del Centro, pues se enfrentan a amedrentamientos y presiones laborales: “A partir de mi embarazo comenzaron ciertas trabas y molestias para conceder las prestaciones de ley que corresponden, como las citas médicas, el control del embarazo, permisos para cuidados maternos”, pues afectaba la productividad de la colaboradora y sus números de atención a usuarias ya que esta es la manera en que el Centro evalúa la eficiencia, no por la calidad de atención, “lo que fue motivo de señalamientos y comparaciones, ya que se exhibía en grupos de WhatsApp y diversas reuniones donde nos daban los números estadísticos de cada compañera y referían que quien tuviera menos era porque no quería trabajar y prescindirían de nuestros servicios; esto precisamente fue parte del argumento que me dieron al momento de mi despido, que fue literalmente que me rehusaba a desempeñar mis funciones, sin dar más detalles, ya que yo no tengo actas administrativas, alguna queja, oficio, advertencia antes”.
Durante esta emergencia sanitaria que propició el confinamiento en casa, las mujeres embarazadas y madres de hijos pequeños del Centro “esperamos alguna indicación para no presentarnos a trabajar o tener algún otro rol, escuchando de la coordinadora que no tenía autorización del fiscal, por lo tanto seguiríamos laborando normalmente”
Sobre la nueva coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres, Blanca Estela Montoya, una nota de Claudia Rodríguez para LJA.MX registró que en febrero de este año, inició labores de diagnóstico para “determinar cuáles serán los programas prioritarios”, así como también la determinación de iniciar “una serie de capacitaciones hacia el personal que tiene el primer contacto con las usuarias en temas como el lenguaje de señas, inglés y mixteco, con el objetivo de hacer de este espacio de apoyo un lugar más incluyente”; situación que señalan las extrabajadoras al referir que Blanca Estela Montoya, todavía “no conoce al personal que tiene, es nueva, no ha habido un momento que ella se pueda presentar, acercamiento, todo es por opiniones de las coordinadoras de área”, y que al tener por oficio la docencia, la titular carece de formación con perspectiva de género; y señalan que hasta el momento había pocas capacitaciones: “Se busca por propios medios [de las trabajadoras] asesoramiento, cursos para tener una mejor atención, lo último que se brindó [en el Centro] fue un curso de inglés”.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) difunde en la página del Gobierno de México los lineamientos para la creación y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, donde se lee punto por puntos los temas neurálgicos para establecer una estrategia y criterios básicos de actuación institucional, manejo de conflictos, criterios de relaciones humanas y laborales que han de tomar en cuenta como: comité de atención de acoso y hostigamiento sexual entre el personal, capacitaciones, espacios de contención. También difunde un Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México, con los lineamientos base para procurar capacitaciones como las que sugiere ONUMujeres y otras organizaciones internacionales, en conceptualización del fenómeno de la violencia de género; conceptos básicos sobre género; normatividad básica en materia de violencia de género; la intervención y tratamiento para víctimas de la violencia de género; ONUMujeres de igual forma ofrece capacitaciones gratuitas y en línea sobre el tema, a través de su Servicios del Centro de Capacitación.
Sobre este mismo tema de las capacitaciones, las declarantes señalan que se ofrecen solo a personas elegidas “que les caen bien” a las coordinadoras, Claudia Rosas y Rosalba González, y que hay poca profesionalización, lo que ocasiona que no haya una atención apropiada hacia las usuarias del Centro, mujeres víctimas de violencia, y denuncian que al Centro ingresan personas que no tienen el perfil ni la experiencia para atender a mujeres en situación de violencia: “Una de las personas que ingresó a los puestos parece ser que es esposa del secretario del fiscal, por lo que no cuenta con la formación y no cubre las guardias de 24 horas que sí le piden a la demás” compañeras.
Las mujeres indican que el Centro de Justicia no tiene el personal suficiente, y señalan que lo cambian de áreas de manera constante sin que importe la especialidad en la que se desarrollan, por lo que terminan realizando otras funciones fuera de su ámbito de competencia: “El área de Atención Temprana cuenta con poco personal, siempre solicita apoyo porque no se dan abasto de la cantidad de usuarias que llegan, las cuales suelen esperar más de una hora para que se les pueda atender, si bien esto no es culpa de las trabajadoras, sino de la coordinadora que al percatarse de las necesidades no hace nada por fortalecer las áreas de trabajo”, al mismo tiempo que se enfrentaban a dinámicas de trabajo violentas que tenían que sortear para, a su vez, ofrecer atención a mujeres violentadas, sin una dirección concreta para procurar la atención y seguimiento a las víctimas y sus carpetas de investigación, como en el caso de los ministerios públicos que “hacen esperar muchísimo tiempo; no tienen horarios establecidos, muchas veces sólo reciben las denuncias que consideran de emergencia, si no, simplemente dicen ‘regresa mañana’, sin saber si la usuaria podría regresar con vida”.
Aunque el mayor número de despidos se realizaron en medio de la emergencia sanitaria, estos suceden desde hace tiempo, aseguran, pues el actual fiscal “Jesús Figueroa comenzó con lo que llamó ‘carnicería’ a la cantidad de despidos injustificados en todas las áreas para incorporar a exalumnas [del fiscal] sin experiencia […]; incluyendo a personal del Poder Judicial; compadrazgos como el exvicefiscal Yuri [Berthaud Reyes, vicefiscal de Delitos], Mauro [Martínez de Luna, vicefiscal de Litigación Oral y Atención Especializada], el director Carlos Iván [Ramos Herrera, director de Derechos Humanos], esposo de una magistrada”, y aseguran que todos los despidos son autorizados por el fiscal.
Estas mujeres narran cómo se efectúan los despidos: “Amedrentan, gritos, encierros con el director de lo Contencioso, de apellido Palacios [Edgar Mauricio Palacios Ponce], quien grita y se burla de la gente cuando los despide, […] el mismo caso con el director de Visitaduría de nombre Ignacio [Delgado Macías], que junto con Palacios realizan los despidos, prepotentes, sarcásticos, sin requisitos de ley como cubrir 4 años litigando, aunado a que se ha movido personal a otras áreas de Fiscalía o del Centro de Justicia sin que se considere su situación o experiencia”.
Ante esta situación, comentaron que las compañeras que mostraron su apoyo a quienes fueron despedidas, así como su apoyo para denunciar las condiciones de acoso y violencia laboral del Centro de Justicia, terminaron por desistir del apoyo al haber comenzado un clima de intimidación, “desde hace algunas semanas les han comentado que sus teléfonos están intervenidos y que es delito filtrar información, por lo que han decidido no participar, pues tienen miedo de perder su empleo y enfrentar las represalias, se sienten amenazadas y con el riesgo”.
Una de estas denunciantes señaló que “todas las compañeras tienen miedo, reciben malos tratos de la coordinadora, comentarios que resultan humillantes”, lo que ha ocasionado que se deteriore su salud física, mental, emocional, “es terrible llegar a tu lugar de trabajo, [ver] las caras de las compañeras y entre comentarios darse cuenta que en momentos han tenido colitis, gastritis, medicamento controlado por el nivel de estrés, complicaciones en la salud, en el desarrollo del embarazo, en el término del embarazo de otras compañeras, muy difícil de sobrellevar”.
Las extrabajadoras del Centro de Justicia interpusieron una demanda por despido injustificado, y aseguran que no piden nada más que lo que por ley les corresponde; también solicitan que sean revisados los expedientes de las personas despedidas para que ahí se observe sus capacitaciones y la experiencia profesional; que sea analizada la forma de trabajar de las jefas de área, para dejar claro que no es sano trabajar bajo esas condiciones. Asimismo, aseguran que sus teléfonos están intervenidos y que tienen temor, pues dicen conocer que la Fiscalía se hace valer de policías ministeriales a domicilio para intimidar a los familiares de los involucrados.
Algunas de estas mujeres son madres jefas de familia, y en la contingencia sanitaria se han quedado sin sustento para alimentar a sus hijos.
El Código de Ética de la Fiscalía General, en su capítulo I, artículo III, establece: “Incidir en el comportamiento de las y los Servidores Públicos, a fin de instituir una ética e identidad profesional, con sentido de orgullo y pertenencia al servicio público de la procuración de justicia”; en su artículo V: “Establecer mecanismos de capacitación y profesionalización permanentes sobre los principios y valores que deben prevalecer en la toma de decisiones y el correcto ejercicio de la función pública de procuración de justicia”.
Los Centros de Justicia para las mujeres, según la página del Gobierno de México, “buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia. En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia”.
Las mujeres, dentro y fuera de la Fiscalía y del Centro de Justicia para las Mujeres, por ley, tienen garantizada una vida libre de violencia, así como la correcta procuración de justicia. La realidad todavía es otra.
