Opinión

En el fondo de la transparencia 

En México desde el año dos mil once, el derecho de acceso a la información es considerado ya como un derecho humano universal, indivisible, imprescriptible e inalienable, susceptible de ser interpretado conforme a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos internacionales especializados -caso Claude Reyes y otros vs. Chile, resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) la cual reconoció el derecho de acceso a la información en poder del estado como un derecho humano- interpretación que ahora exige el artículo 7º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT) además de ser un criterio que se ha reafirmado en diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que “cuando un derecho humano se encuentre reconocido en la constitución y por un tratado internacional del que México forme parte, debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 

De esta manera, el derecho de acceso a la información debe ser interpretado por los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI) buscando que se favorezca en buena medida a las personas que están sujetas al ejercicio de este derecho, tal como sucede con el principio de máxima publicidad descrito en el artículo 6º, aparado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) así como en el segundo párrafo del artículo 7º de la LGT, el cual está reconocido en diversos instrumentos internacionales, como son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Artículo 13.2-, la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información -Artículo1º- y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información -Artículo 2º-, y en los cuales logra advertirse de una sana interpretación armónica y sistemática, que el ejercicio de derecho de acceso a la información, no puede estar sujeto a previa censura, de tal manera que cualquier información en manos de instituciones deberá ser completa oportuna y accesible, y sólo estará limitada a un régimen limitado de excepciones, en donde se logre el respeto a los derecho o a la reputación de los demás o bien, se garantice la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 

Para ilustrar mejor lo antes señalado, citare por ejemplo, lo que ocurre en la actualidad en el desarrollo practico de los artículos 131 y 139 de la LGT los cuales dispone, que “Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada” y “La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, ademas de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contra con la misma.”. 

Es decir, la Unidad de Transparencia turna la solicitud al área competente que deba de tener la información, pero ésta última manifiesta no tenerla pese a haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, circunstancia que a su vez es confirmada por el Comité de Transparencia, originando con ello, que el solicitante interponga el recurso de revisión ante el OGDAI argumentando que el sujeto obligado no demostró fehacientemente la realización de esa supuesta “búsqueda exhaustiva y razonable”., luego entonces, en el caso particular se dice que al OGDAI le correspondería analizar si el sujeto obligado verdaderamente realizó la citada búsqueda o no de la información y así estar en condiciones de desechar o sobreseer el recurso; confirmarlo o revocando o modificando la respuesta del sujeto obligado. 

Sin embargo, es aquí donde el OGDAI tendría la oportunidad de extender la aplicación e interpretación del derecho de acceso a la información y/o del principio de máxima publicidad, a un plano internacional, citando como referente el caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) vs Brasil, resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) y que tuviera su origen, según lo expresado por la propia CIDH en la “responsabilidad -del Estado- de la detención arbitraria , tortura y desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista de Brasil y campesinos de la región, resultado de operaciones del Ejército brasileño emprendidas entre 1972 y 1975 con el objeto de erradicar a la Guerrilha do Araguaia, en el contexto de la dictadura militar de Brasil (1964-1985)”, el cual a su vez, no estuvo ajeno al ejercicio del acceso a la información, ya que algunos familiares  de quienes fueran integrantes de aquella Guerrilha do Araguaia promovieron una serie de peticiones al Estado a fin de que se les esclarecieran las razones de las desapariciones forzadas, que les permitiera dar con el paradero de los restos mortales.

De modo que, una vez que el Estado recibió tales peticiones, manifestó su imposibilidad para hacer entrega de la información solicitada, arguyendo que no se habían encontrado documentos o pruebas contundentes que acreditaran la existencia de información relacionada con Guerrilha do Araguaia; argumento que desde luego no resultaría convincente para la CoIDH -en esta materia en particular- al considerar que el Estado no podía ampararse en la falta de documentos o pruebas de la información que le había sido solicitada, sino que, por el contrario, debió de haber fundamentado la negativa de entregarlos y la adopción de medidas necesarias para comprobar que la información solicitada no existía, señalando además, que el Estado no indicó que tipo de diligencias fue las que realizó para determinar la inexistencia de la información.

En ese orden de ideas, retomando el ejemplo que nos ocupa, es claro que el OGDAI al momento de resolver el recurso de revisión, puede interpretar los artículos 131 y 139 de la LGT con base en criterios, determinaciones y opiniones de organismos internacionales en materia de transparencia, como lo resuelto por la CoIDH en el caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) vs Brasil e ir más allá de una simple manifestación de “busqueda exhaustiva y razonable” hecha por el sujeto obligado (SO) obligándolo a que indique el tipo de diligencias o actuaciones que fueron realizadas, en que unidades administrativas se buscón la información, en cuales de sus archivos la manera en que lo hizo, lo cual daría certeza al solicitante de que el SO si realizó esa búsqueda exhaustiva. 


Contesta esta encuesta sobre la corrupción en Aguascalientes y gana una tarjeta de regalo de Amazon


En resumen, la aplicación de instrumentos, resoluciones o sentencias vinculantes internacionales en materia de acceso a la información, a cargo OGDAI y de los SO propiciaría que se fortaleciera aún más ese gran abanico de fuentes de interpretación en el ejercicio de éste derecho humano, que no solo debe ser interpretado a la letra de la CPEUM o de la LGT, pues se debe de dar paso interpretación con base en fuentes internacionales.



The Author

Oscar Rodrigo Castañeda Martínez

Oscar Rodrigo Castañeda Martínez

No Comment

¡Participa!