- El decreto presidencial que supone facultar a las Fuerzas Armadas con ciertas labores de Seguridad Pública para disminuir la violencia, va incluso un paso por delante de lo que hizo Felipe Calderón cuando declaró la guerra al crimen organizado
- Poner al Ejército y a la Marina como apoyo de seguridad pública estanca a las corporaciones policiacas y no las deja crecer y desarrollarse oportunamente
El lunes 11 de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que el mismo presidente de la República dispuso del Ejército y la Marina como fuerzas públicas complementarias a la Guardia Nacional, misma que también tuvo sinfín de críticas por la ambigüedad que la sustentaba. El sobreentendido del decreto presidencial es claro: se pretende militarizar la Seguridad Pública, lo cual, desde la perspectiva del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), Asunción Gutiérrez Padilla, es un completo retroceso en materia de derechos humanos dadas las evidencias de violencia que tanto el Ejército como la Marina han perpetrado contra inocentes.
Aunque en Aguascalientes, aseguró el ombudsman, no se han tenido reportes de violencia militar a la sociedad, Gutiérrez Padilla explicó que este decreto “de entrada, es preocupante porque pone en riesgo los derechos humanos” ya que es dar un paso hacia atrás en el resguardo de la paz social. En el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ya publicado oficialmente, se le faculta al Ejército y a la Marina de intervenir, con base en la Ley de la Guardia Nacional, en funciones de Seguridad Pública.
Para Asunción Gutiérrez Padilla el decreto presidencial también supone un bache que abona al estancamiento de las corporaciones policiacas ya que, en vez de que se les dé oportunidad de mejorar desde las academias para que brinden mejores resultados, se está propiciando a que la Fuerza Armada tenga más peso en las calles, lo cual puede resultar contraproducente ya que “los militares no están capacitados como policías, están capacitados como militares”.
El abogado y representante de la CDHEA manifestó que si esto se hizo para combatir el crimen organizado, similar a lo que Felipe Calderón impulsó a través de la guerra al crimen organizado en su sexenio y que trajo consigo incontables muertes, también se está trabajando bajo un error ya que “para enfrentar al crimen organizado, -la militarización de la fuerza pública- no sirve, genera violencia. La delincuencia se combate llevándola a procesar, no luchándola”, destacó.
Por lo pronto habría que definir cómo se van a coordinar con las autoridades estatales, así como con la misma Guardia Nacional, que si bien ya tiene presencia en las entidades federativas, todavía resulta difusa su eficacia y su manera de operar.
Gutiérrez Padilla comentó que se entiende la razón por la que se decidió decretar tal acuerdo, ya que los índices de violencia son altos, sin embargo, no se comparten los modos en los que se quiere llegar al fin de esa delincuencia. Concluyó diciendo que, en comparación con lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio, lo que hizo el ejecutivo presidido por Andrés Manuel López Obrador es ir todavía un pase adelante. Un paso que podría propiciar más violencia.
La CDHEA seguirá pendiente al respecto de qué seguimiento se le da al acuerdo, porque como lo consignó Claudia Rodríguez Loera en la entrevista publicada por este medio con el doctor Alejandro Madrazo Lajous, abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), llevar este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería un proceso “muy lento y puede llegar hasta que acabe el sexenio; entonces tendría que ser una controversia de constitucionalidad y sólo los gobiernos tienen acceso a ella, ya sean las minorías parlamentarias, los gobiernos municipales o estatales”.
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