11/07/2020


Ciudad de México. 11 de mayo de 2020. En un video publicado en “las benditas redes sociales”, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubòn, lee, en un tono pausado, una nota diplomática, en la cual el Gobierno de México pregunta a su par estadounidense sobre el operativo Rápido y Furioso

La precitada operación encubierta fue dirigida por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), la cual funcionó entre los años 2009 y 2011 y consistió en que las autoridades estadounidenses dejaran pasar armas a México con el fin de rastrear a sus destinatarios en las redes del crimen organizado de nuestro país.

La escena arriba descrita sirve como prefacio al presente artículo, el cual pretende explicar en qué consistió la operación Rápido  y Furioso y por qué es importante saber qué pasó realmente.

En 2005, la ATF, organismo dependiente del Departamento del Tesoro, comenzó en Laredo, Texas el  proyecto piloto Corredor de Armas, una iniciativa para detener el flujo de armas que, provenientes de la Unión Americana, llegaban a México. Luego, y bajo la anuencia del Departamento de Justicia, el plan fue implementado a escala nacional.

Para tal efecto, la ATF determinó que los cárteles de la droga mexicanos, en especial el de Sinaloa, se habían convertido en las principales organizaciones que traficaban con armas en el suroeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, se aplicó el sistema software eTrace, el cual permitía a las agencias de aplicación de la ley rastrear quién era el primer comprador y, de esta manera, generar reportes estadísticos para analizar los patrones o tendencias en el tráfico de armas.

Insatisfecha ante el proyecto Corredor de Armas, la ATF decidió implementar “una operación de picadura” –una acción encubierta con el fin de engañar a los criminales.  A principios de 2006, se efectuó el operativo Receptor Abierto, el cual permitía la compra de armamento en la Unión Americana por personas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado mexicano para, de esta manera, conocer su destino en nuestro país. 

En octubre de 2009, altos funcionarios del Departamento de Justicia, de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), de la Oficina del Procurador General, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la ATF decidieron implementar la operación Rápido y Furioso. Es decir, permitir la venta de mil 765 armas –incluyendo fusiles de asalto AK-47, revólveres calibre .38, y rifles de francotirador Barrett calibre 50- a grupos que abastecían a la delincuencia organizada en nuestro país, con el supuesto objetivo de descubrir la cadena de suministro. 

El operativo se llevó a cabo, a pesar de la objeción de la oficina de la ATF en México, porque podría “malinterpretarse” por las autoridades mexicanas. No obstante las impugnaciones, los estadounidenses decidieron continuar con la operación. 

El efecto bumerang, sin embargo, pronto apareció: en mayo de 2010, un oficial de la “migra” se enfrentó a bandidos en la frontera con México. Entre las armas que se encontraron abandonadas, había armamento que formaba parte de la venta de la operación Rápido y Furioso. Lo peor, no obstante, estaba por venir: el 14 de diciembre de ese año, el agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, fue abatido con un arma que pertenecía al mismo ejercicio clandestino.

Luego, el 15 de febrero de 2011, el agente del Departamento de Seguridad Interna, Jaime Zapata, fue emboscado y muerto por un grupo delictivo en el tramo San Luis Potosí de la autopista México-Nuevo Laredo. Siempre se ha sospechado que el arma con que se eliminó a Zapata pertenecía al operativo Rápido y Furioso.

Ante el descontrol del operativo encubierto, el agente de la ATF, John Dodson, reveló, el 3 de marzo de 2011, ante el Centro para la Integridad Pública el teje y maneje de la operación Rápido y Furioso. A partir de la revelación, hubo serios cuestionamientos en ambos lados de la frontera sobre qué tanto sabían ambos los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón sobre el tema.

El entonces embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, comentó que “no teníamos conocimiento de Rápido y Furioso como una operación”. Por su parte, El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ordenó una investigación, aunque luego fue acusado de desacato por la Cámara de Representantes por no entregar documentación sobre Rápido y Furioso. Sin embargo, una investigación posterior eximió a Holder de cualquier conducta inapropiada.

La operación Rápido y Furioso había permanecido consignada a los libros de historia de no ser por dos acontecimientos: la petición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su contraparte estadounidense sobre qué tanto sabía la administración de Felipe Calderón sobre el tema; y la entrevista realizada por el corresponsal en Washington del semanario Proceso, J. Jesús Esquivel, a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Robert Jacobson, respecto a qué tanto sabían ambos gobiernos sobre las andanzas del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna 

El escribano concluye: no obstante la coyuntura política a ambos lados del río Bravo, es importante saber qué tanto sabía el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa sobre el operativo. Esto para deslindar si hubo “graves violaciones a la Constitución Política y las leyes que de ella emanan” o si “se habría violado la soberanía nacional de México”.

Aide-Mémoire. – En 1945, el británico Tom Moore y la rusa Zenaida Kòrneva vencieron al fascismo; en 2020, ambos unen fuerzas para combatir al Covid-19.

 

  1. – Estévez, Dolia. El Embajador. México, D.F., Editorial Temas de Hoy, 2013
  2. – Emails show top Justice Department official knew of ATF gun program https://lat.ms/2Aogn5s
  3. – Obama claims executive privilege; Holder held in contempt https://bit.ly/35RHRfs

4. – Second gun used in ICE agent murder linked to ATF undercover operation https://cbsn.ws/3byn9Ta

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