- Hay evidencia que la inseguridad sobrepasó la estrategia
- Decreto presidencial va en contra de la Constitución y de la Ley de la Guardia Nacional
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El decreto presidencial para que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública en todos los municipios del país, deja de manifiesto que el presidente de México pretende gobernar con autoritarismo, pero además ratifica que la inseguridad ha sobrepasado a la estrategia, coincidieron en manifestar Elsa Amabel Landín Olivares y Guillermo Alaniz de León, diputados locales por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente.
Para Landín Olivares el decreto no sólo no está claro, pues no se puede permitir que sea la Guardia Nacional quien evalúe, fiscalice o sancione al Ejército, pues con esta orden presidencial avalada por el Senado de la República, se ha dejado de lado la Ley de Seguridad Interior y a la Constitución misma, en cuanto a los elementos mínimos de equilibrio entre municipios, estados y federación.
“Ese decreto no solo convierte al ejército en policías municipales, en agentes aduanales, en judiciales, sino, ¿de qué ejército estará hablando?, ¿de los que ya están en la frontera sur haciendo de agentes migratorios para garantizar que no pasen los centroamericanos a Estados Unidos?, ¿del que está en la frontera norte que tiene que quedarse de manos atadas porque no está el presidente de acuerdo con que detengan a los delincuentes más buscados y le ata la mano a los militares en su labor de inseguridad nacional?, es gravísimo lo que viene en ese decreto, atenta contra todos y pone en mayor riesgo al propio ejército como a las autoridades de seguridad nacional”, recalcó la diputada.
Para el diputado panista Guillermo Alaniz la militarización de la Guardia Nacional es una clara aceptación de incapacidad del Gobierno federal para brindar seguridad a la ciudadanía, y ahora pretende solucionarlo con la ayuda de las Fuerzas Armadas.
Expuso que esto va en contra de la Ley de la Guardia Nacional ya que fue diseñada para hacer un cuerpo de carácter civil y debe permanecer así, la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, deben seguir criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no a voluntad de una persona, es decir, debe ser por una causa extraordinaria, “Se ha dado cuenta que su creación la Guardia Nacional una más de sus ocurrencias -del presidente-, no ha dado resultado, por eso ahora involucra a las Fuerzas Armadas.
