Si bien, la confianza de las ciudadanas y ciudadanos constituye la materia prima de la democracia, para nadie es un secreto que uno de los componentes que cimentan al Sistema Electoral Mexicano es su contraparte, la desconfianza. La desconfianza entre partidos políticos, instituciones electorales, gobiernos y medios de comunicación se convirtió en el motor de una transición político-electoral que se ha visto reflejada en el desarrollo de leyes en la materia, en las que se persigue el fortalecimiento de la certeza, uno de los principios que rigen a la función electoral.
Aunque podría parecer una característica cultural de las y los mexicanos, esa desconfianza no viene desde siempre, sino que forma parte de las consecuencias de un sistema autoritario que, cuando lo requería, imponía sin demasiada justificación. La elección presidencial de 1988 y su conocida “caída del sistema” es, al menos en el imaginario colectivo, el mayor referente histórico de lo anterior y un episodio que marcó un antes y un después en materia electoral, al haber detonado la evolución paulatina de nuestro sistema de elecciones. De esta manera, poco a poco se han ido introduciendo “candados” a la legislación para evitar que ningún involucrado pueda sacar ventaja indebida en un tramo determinado del proceso electoral, de ahí que actualmente se regule de manera minuciosa cada centavo que gastan los partidos y candidatos, se distribuyan los tiempos de radio y televisión y, en general, en cada etapa de la contienda se privilegie la máxima publicidad, de modo que todo se haga a la vista de todos y así, las autoridades administrativas electorales se han vuelto cajas de cristal, con el único objetivo de abatir la desconfianza, porque lo que se presencia no se cuestiona y lo que se observa no es motivo de duda. Como todo, cualquier desconfianza no resulta gratuita, obedece a que en algún punto de la historia existió un exceso que motivó que dicha conducta se integrara a la norma para evitar su repetición.
Si comparamos la normatividad electoral de inicios de los noventa con la legislación vigente, seguramente nos percataremos de los cambios que ha experimentado en las últimas décadas, al transitar de un Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) a Leyes Generales en lo tocante a Procedimientos e Instituciones Electorales, Partidos Políticos, Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Delitos Electorales, así como un Reglamento de Elecciones cuyo ámbito de aplicación es general en el país.
Sin embargo, una constante desde la génesis del Sistema Electoral Mexicano es la conformación de autoridades colegiadas, conformadas por una pluralidad de integrantes. A nivel local, desde las Mesas Directivas de Casilla, pasando por los Consejos Distritales, Consejos Municipales y, por supuesto, el Consejo General, comparten la característica de integrarse por un órgano colegiado, en cuyo diseño se incluye a la representación de las fuerzas políticas. Cada acuerdo y resolución se construye en presencia y con la opinión de todos los representantes de los partidos y, con el propósito de dotar de certeza a los actores políticos, y a la ciudadanía en general, estos se someten a votación durante sesiones públicas, y se aprueban a partir del sufragio mayoritario.
Si bien todas las autoridades administrativas juegan un rol fundamental en el desarrollo del proceso electoral, el máximo órgano de decisión se erige en un Consejo General, a nivel nacional en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) de cada estado del país –en Aguascalientes, llamado Instituto Estatal Electoral–. Las decisiones torales antes, durante y después del proceso electoral recaen en los Consejos Generales, de ahí la importancia de su debida integración y correcto funcionamiento.
La reforma electoral de 2014 transformó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional –me refiero al INE– responsable de la organización de elecciones federales y de la coordinación con los Oples para llevar a cabo los comicios en las entidades federativas. Dicha reforma revistió de una mayor notoriedad al Instituto Nacional Electoral y es en este punto en donde centró la atención, y es que el pasado 4 de abril concluyó el encargo de tres Consejeros y una Consejera, cuyos relevos debieron entrar en funciones hace dos meses, sin embargo, la emergencia por el Covid-19 prorrogó el proceso de selección y, desde esa fecha hasta ahora, el Consejo General del INE permanece incompleto, con sólo siete de sus once Consejeros, incluyendo a su Presidente.
La renovación de esas cuatro consejerías inició el 18 de febrero de este año, en la antesala de la elección concurrente más grande hasta ahora celebrada, completándose las etapas de examen de conocimientos y revisión documental. Sin embargo, el Comité Técnico de Evaluación para el proceso de elección de Consejeras y Consejeros Electorales del INE, emitió un acuerdo el 17 de marzo para suspender las entrevistas a aspirantes hasta en tanto existieran las condiciones sanitarias para reanudar esta etapa.
El Comité Técnico de Evaluación al que anteriormente me referí, fue instalado el 28 de febrero y quedó conformado por dos integrantes propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, otros dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres más por la Cámara de Diputados. Este órgano es el responsable de seleccionar a los nuevos consejeros electorales de entre los 60 aspirantes –30 mujeres y 30 hombres– que hayan obtenido el mayor puntaje de las etapas anteriores. Posteriormente, la quinteta será puesta a disposición de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la decisión final se votará en el Pleno.
El proceso se encuentra en suspenso y la urgencia de continuarlo es evidente, sobre todo ante el inminente inicio del proceso electoral más grande de la historia democrática del país, no solo por el número de electores con posibilidad de emitir su voto sino también por el número de cargos en disputa -alrededor de 3,500- entre los que se encuentran 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas. En Aguascalientes, como en otras 30 entidades, renovaremos al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos de los 11 municipios.
Por este motivo, hago votos para que, si las circunstancias así lo permiten y se encuentran los mecanismos necesarios para desahogar las etapas faltantes de manera segura, se lleve a cabo la designación de los cuatro perfiles faltantes a fin de que el órgano rector en materia electoral se encuentre en plenitud de capacidades para el inicio de los preparativos de la elección intermedia, programadas para la primera semana de septiembre. El banderazo ya está a la vista, no hay tiempo que perder porque la confianza se crea y recrea en cada proceso electoral y como reza el dicho, lo que bien inicia, bien acaba.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
