09/07/2020


  • Se debe de respetar en todo momento los derechos humanos y las facultades municipales
  • Hasta el momento, Pabellón de Arteaga ha sido el único en presentar esta figura jurídica

 

Analiza el Ayuntamiento de Jesús María el presentar controversia constitucional contra la militarización de seguridad pública nacional, pide alcalde que se respete en todo momento los derechos humanos y las facultades que tienen en los municipios.

En la segunda semana de mayo se publicó en Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que dispone de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública durante cinco años sin tener definido, sin embargo, sus funciones, como el realizar detenciones o incautar bienes.

Ante este hecho, grupos parlamentarios del Senado ya han presentado medidas legales para impedir que se militarice la seguridad nacional. Lo que se puede hacer desde los municipios es promover la controversia constitucional para esclarecer este conflicto de constitucionalidad.

Pabellón de Arteaga fue el primer municipio en promover esta acción anunciándolo a través de sus redes sociales, pues señaló que vulnera las atribuciones constitucionales del municipio y que iniciativas como esta vulneran a los ciudadanos ya que se eliminan las fuerzas civiles.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Jesús María, el alcalde, Antonio Arámbula López, señaló que se está analizando actualmente el dictamen hecho por el presidente López Obrador: “Creo que el Gobierno Federal sí tendría que acomodarse para poder combatir la delincuencia organizada siempre y cuando no infrinja la ley, ni pise los derechos humanos”.

Destacó que deben de existir reglas claras acerca de cómo ayudaría la Sedena al combate de la delincuencia ya que actualmente no se tiene bien definido lo que hará y calificó que es ambiguo su objetivo y el cómo se coordinará con la policía municipal. Exhorta el alcalde al Gobierno Federal para que vele por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, y que no interfiera en las facultades municipales.


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