APRO/Alejandro Caballero y Juan Carlos Cruz
En un intento más por hacer cumplir “la austeridad republicana”, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urge tener disponibles los recursos de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica que no cuentan con los mínimos requerimientos de transparencia, pero tampoco se sabe cuál será la hoja de ruta de la Cuarta Transformación para darle cauce a ese dinero público.
“Hay un dilema de eficiencia presupuestaria y de responsabilidad hacendaria. Es un dilema grave al que nos enfrentamos. Porque si bien es cierto que estamos en una coyuntura única sin precedente con la pandemia de Covid-19, no hay un plan estructurado con acciones concretas que nos permita saber a dónde se van a destinar estos recursos”, advierte Ana Laura Barrón Olivera, investigadora de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
En entrevista, Barrón recuerda que un principio elemental del gasto público es que “a todo gasto debe corresponder un ingreso, y viceversa, a todo ingreso debe corresponder un gasto; es un principio rector”, sentencia.
La actual administración no ha dado estricto cumplimiento a esa práctica.
El pasado 2 de abril el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se ordena a los titulares de las dependencias y entidades federales la extinción y cancelación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son 338 instrumentos de este tipo, los cuales suman 740 mil 572.7 millones de pesos con cifras al último trimestre de 2019.
Sobre estos fideicomisos, el decreto estableció algunas excepciones sobre los que habrán de extinguirse: aquellos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
El monto de estos últimos ronda los 457 mil millones de pesos (61.7%); estos recursos tienen un destino específico. En cambio, los fideicomisos susceptibles de extinción suman 283.5 mil millones de pesos (38.3%), según la SHCP.
Adicionalmente, el decreto de extinción de los fideicomisos establece la obligación para que las dependencias y entidades transfieran los recursos de esos instrumentos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y como plazo el 15 de abril pasado, lo cual “refleja la necesidad de inmediatez del gobierno federal por allegarse de los recursos financieros que se concentraban en los mismos, en detrimento del plazo de 180 días hábiles que establecía el octavo transitorio de la Ley de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019, para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los fideicomisos existentes”, puntualiza la investigadora.
A pesar de lo dispuesto tanto en la Ley de Austeridad como en el decreto de extinción de los fideicomisos del Ejecutivo, la actual administración considera que los esfuerzos por controlar el uso de los recursos públicos no son suficientes y el 19 de mayo de 2020 el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para derogar y reformar diversas leyes, con lo cual se procedería a la extinción de fideicomisos cuya creación, organización y funcionamiento están previstos en disposiciones legales, y que habían sido exceptuados por el anterior decreto.
Dicha iniciativa del Legislativo para modificar 14 leyes ha quedado suspendida, y con ello, la eliminación de 44 fideicomisos adicionales.
“Ser omisos también es ser opacos”
En su conferencia de prensa matutina del pasado 28 de mayo, López Obrador soltó: “Aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos: una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción”.
El tabasqueño matizó que esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas y los investigadores. Aseguró que ahora lo recibirán de manera directa, “sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos”.
López Obrador calculó que “son como 250 mil millones de pesos que están así regados en fondos y en fideicomisos; imagínense lo que nos ayudan 250 mil millones. Para que nos entiendan los tecnócratas y se pongan contentos, es un punto del PIB. Eso, más el combate a la corrupción, la austeridad, la eficiencia, eso nos va a permitir no endeudarnos y todos tenemos que ayudar”.
En este contexto, Barrón, quien también es coautora del estudio ‘Transparencia y rendición de cuentas de las APP: recomendaciones de política pública’, advierte: “Si ya estamos haciendo las estimaciones de la disponibilidad que se va a concentrar en la Tesofe, deberíamos también tener un plan muy detallado, con objetivos y metas a los cuales se van a destinar esos recursos. No tenemos una idea muy clara de cuál va a ser el uso que se va a hacer”.
