07/07/2020


  • Se han debilitado a las policías municipales y estatales las cuales viven en condiciones precarias
  • Gobierno Federal evade responsabilidades en materia de seguridad, es un abuso político que use las fuerzas armadas

 

 

Guardia Nacional y Sedena parecen no tener una división, las atribuciones que se han hecho a ambos organismos, el origen de sus elementos y capacitaciones opacas dieron pie a una militarización del país. Por el contrario, las policías locales se han visto desprotegidas y han subsistido en condiciones precarias.

Ayer la asociación civil Causa en Común junto con el Observatorio de la Guardia Nacional presentaron el informe “Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación”.

La Guardia Nacional se conformó a los pocos meses de haber entrado en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, al aprobarse la reforma que daría paso a la formación de una Guardia Nacional de carácter civil y con ello se determinó la disolución de la Policía Federal que contaba con 37 mil elementos capacitados.

David Blanc, investigador de la organización civil Causa Común, destacó que en las reformas constitucionales se establece que la Guardia Nacional deben de ser de carácter civil, pero en sus artículos transitorios señalan que sus procesos, estructuras, responsabilidades y normas pueden homologarse con las de la Fuerza Armadas.

Esto ha provocado que no se distingan claramente estas dos instituciones, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, por lo que las atribuciones de ambos organismos no se podrán diferenciar. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto provocó que actualmente operen sin un carácter extraordinario, sin subordinación al mando civil y sin supervisión externa.

La Guardia Nacional se ha integrado por elementos de tres instituciones: la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Policía Federal, a pesar de haberse establecido como un mando civil. Los elementos de la Sedena y Semar mantienen sus prestaciones a pesar de laborar en una institución distinta. Y tampoco se ha destinado presupuesto para la creación de nuevas plazas.

David Blanc también señaló que tampoco es claro el despliegue de elementos en las entidades pues no hay una relación entre el número de elementos de la Guardia Nacional con su territorio, población o índice delictivo: “Este caudal de responsabilidades constituye un abuso político a costa del prestigio y capacidades de las fuerzas armadas. Hemos insistido que no es estar en contra de las fuerzas armadas, es evidenciar que las autoridades civiles evaden responsabilidades de ley en materia de seguridad”.

La ampliación de responsabilidades dio pie a que se diera el decreto presidencial publicado en mayo en el Diario Oficial de la Federación en el que dispone de las fuerzas armadas. Desde Causa Común, señalan que las fuerzas armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública en el país pues ahí no están sus fortalezas. Proponen que, para poder atender la crisis de seguridad en el país, se requiere policías con atribuciones y capacidades de investigación apoyados en una política focalizada de prevención. Militarizar al país evidencia que no hay un esfuerzo real para fortalecer las policías estatales y municipales del país las cuales subsisten en condiciones precarias.


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