APRO/Gloria Leticia Díaz
Ante las renuncias de las titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el “fortalecimiento” de esas instituciones, “tomando en cuenta las lecciones aprendidas y las propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de varias décadas, reconociendo su trabajo y su valiosa experiencia”.
En un pronunciamiento público, 31 organismos públicos de derechos humanos encabezados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconocieron las aportaciones del Conapred y la CEAV, cuyas titulares, Mónica Maccise y Mara Gómez, dejaron sus puestos la semana pasada a petición de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, atendiendo instrucciones del presidente.
“Lograr una efectiva interiorización de los derechos humanos como lo ha planteado esta administración, sólo será posible si las instituciones de todos los niveles de gobierno son efectivas y cuentan con el apoyo para su actuar diario”, sostuvieron los organismos públicos de derechos humanos en su pronunciamiento.
Recordaron que el Conapred y la CEAV han “impulsado y acompañado la creación de marcos normativos estatales y la creación de instituciones similares, logrado que 18 estados cuenten con instancias especializadas de atención a la discriminación y que 23 cuenten con Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas”.
Agregaron que “es indispensable el fortalecimiento de organismos como Conapred, CEAV y las 41 instituciones que atienden estos temas, así como tomar en cuenta las lecciones aprendidas y las propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de décadas, reconociendo su trabajo y su valiosa experiencia”.
A excepción de las comisiones estatales de Puebla y Tabasco, el resto de los organismos públicos reconocieron la labor del Conapred y la CEAV y llamaron a “reconocer su importancia, así como a las instituciones estatales que atienden el tema de la discriminación y a víctimas, como claves en la lucha por los derechos humanos y en el trabajo por alcanzar una sociedad más igualitaria, pacífica y con una vida digna”.
Los organismos firmantes consideraron que el “Conapred y la CEAV son producto de una fuerte lucha por parte de las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil por la creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia”.
En un comunicado, la FMOPDH recordó que, desde su nacimiento en 2003, el Conapred “ha realizado un importante trabajo de visibilización de las poblaciones en mayor contexto de vulnerabilidad y ha promovido diferentes iniciativas para la atención de grupos como personas trabajadoras del hogar, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes y sujetas de protección internacional, entre otras”.
En tanto que, a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, “la CEAV tiene un papel trascendental como órgano que pone en el centro de su trabajo a las víctimas, procurando su cuidado desde las medidas de atención inmediatas hasta la reparación integral del daño, búsqueda de garantías de no repetición, acceso a la justicia y derecho a la verdad”.
La FMOPDH destacó que la labor de ambas instituciones “ha permitido contar con información de primera mano sobre las causas estructurales de la violencia y de la violación a los derechos humanos; son articuladoras y facilitadoras del diálogo entre las autoridades y la sociedad, así como promotoras de un enfoque de derechos en los marcos normativos, políticas públicas y sobre todo en la práctica diaria”.
Resaltó el reconocimiento que ha tenido el Conapred por parte de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las oficinas de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH), para los Refugiados (ACNUR) y para la Educación, la Ciencia y Cultura (Unesco).
Además, señaló el pronunciamiento, dichas instituciones en conjunto con víctimas, familiares y la sociedad civil, “han sido un medio efectivo para lograr la justiciabilidad de los derechos al tener como fin último, la protección de las personas frente a las acciones u omisiones del Estado que vulnera esos derechos”.
La FMOPDH consideró que “el combate a la pobreza y la lucha por un México más igualitario sólo puede ser alcanzado mediante una línea de trabajo conjunto, un trabajo interinstitucional pero también intersectorial, dando voz y acompañando a las víctimas”, como la hacen el Conapred y la CEAV.
En el número 2277 en circulación, el semanario Proceso, publica “CEAV, los entretelones de una renuncia”, en la que se narra cómo el Gobierno Federal restringió recursos operativos al organismo hasta pedir la renuncia de su titular, el jueves 18, en tanto que la Junta de Gobierno que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, está convocada a reunirse este miércoles, para nombrar a una persona encargada de despacho en esta semana, en espera de renovar el proceso de selección en el Senado de la República.
