Por considerar que vulnera las atribuciones constitucionales del Municipio, el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo a través del que el Gobierno Federal se propone emplear a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin acatar el régimen transitorio constitucional establecido en la reforma del año pasado.
El alcalde Cuauhtémoc Escobedo Tejada señaló que esfuerzos como los llevados a cabo por el colectivo Seguridad Sin Guerra resultan indispensables cuando se trata de preservar tanto la soberanía de los gobiernos como el respeto a la legalidad.
“Nuestro municipio se suma a las tareas en defensa del orden constitucional. Creemos que iniciativas como ésta vulneran los intereses del ciudadano y lo condenan a un estado de indefensión, ya que los mandos y los mecanismos de fiscalización civil quedan completamente eliminados”.
El acuerdo promovido por el Gobierno Federal, y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, concede a las fuerzas armadas facultades para vigilar carreteras, aeropuertos, fronteras y medios de transporte, ejecutar detenciones y órdenes de aprehensión, asegurar bienes y proteger escenas de crímenes. Todas estas funciones, ha sostenido Seguridad Sin Guerra, se llevarían a cabo sin los debidos controles externos. De igual manera ha insistido en que el decreto se contrapone a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en que el compromiso de desmilitarizar al país aún luce distante y desdibujado.
En uno de sus últimos comunicados de prensa, el colectivo expresó que el acuerdo presidencial “simula la regulación de las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024; no establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue, no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; y tampoco subordina a las fuerzas armadas al poder civil como lo exige la constitución”.
En Pabellón de Arteaga, consideramos indispensable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despeje éstas y otras dudas sobre la constitucionalidad del Acuerdo. El uso de militares en tareas de seguridad pública es un asunto sumamente delicado y sujeto a obligaciones internacionales muy precisas, por lo que no puede haber sombra de duda sobre su constitucionalidad.
