APRO/Neldy San Martín
Senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron amparos para impugnar el decreto de militarización que el Gobierno Federal publicó en mayo pasado para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en los siguientes cuatro años.
Es evidente que algunos integrantes de la Cámara de Diputados que están subordinados a López Obrador, no les gustó la presentación de la controversia.
El acuerdo emitido es claramente violatorio de la constitución.
¡No a la militarización del país! pic.twitter.com/xURSAkYLFy
— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 23, 2020
Los legisladores Kenia López Rabadán y Damián Zepeda señalaron que la participación del Ejército en las calles debe cumplir con los requisitos que se establecieron en la reforma constitucional, es decir, que sea de manera “extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria”.
“Nada de esto se cumple y por lo tanto ese decreto es inconstitucional, simple y sencillamente se lava las manos y le entrega la seguridad pública a las Fuerzas Armadas”, criticó Zepeda.
Añadió: “Estamos impugnando como senadores en lo particular el decreto de militarización de Andrés Manuel López Obrador, en concreto estamos utilizando la vía del amparo, para pedirle a la justicia federal que proteja a nosotros, a los mexicanos, y que se evite este fraude a la Constitución, con estos amparos individuales”.
Según el senador panista, nunca hubo “tantos militares” encargados de la seguridad pública en el país, “ni siquiera en el pico de la guerra contra el narcotráfico” que desató el entonces presidente expanista Felipe Calderón: “Esto va completamente en contra, primero, de lo que prometió Andrés Manuel a los mexicanos. Segundo, de lo determinado por organismos internacionales de los cuales México forma parte y que está obligado, y tercero, contra la Constitución aprobada por todo el Congreso de la Unión”.
La bancada panista refrendó su respaldo a la controversia constitucional presentada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional determine su constitucionalidad, y llamó a la presidenta del Senado a hacer lo propio.
De igual manera, recordó que este domingo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso de la Unión a emitir a la brevedad la legislación secundaria que defina la manera en cómo deberá disponerse de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública.
“De esta manera confirma que toda la regulación en materia de seguridad pública debe ser objeto de una ley y no de un simple acuerdo, que por cierto es uno de los peores documentos jurídicos de este gobierno, mal hecho, obscuro, mal redactado”, abundó López Rabadán.
