Un contrabando muy bien monitoreado - LJA Aguascalientes
21/01/2022

APRO/J. Jesús Esquivel

 

Documentos marcados como “sensibles” por los gobiernos de Estados Unidos y México evidencian el rastreo y recuperación de armas que se llevaron a cabo en las operaciones Gunrunner y Wide Receiver, antes de Rápido y Furioso.

Los expedientes –copias de los cuales tiene Proceso– exhiben bitácoras realizadas a partir de enero de 2007 y confirman que el entonces presidente Felipe Calderón siempre estuvo al tanto del tráfico ilegal de armas a México, autorizado y supervisado por Estados Unidos.

“Aplicación de la ley sensible”, dice en letras rojas la carátula del documento con el folio VCAC#095303 del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia (Doj) de Estados Unidos.

México, Departamento de Justicia, ATF; Oficina de Inteligencia e Información Estratégica, División de Inteligencia sobre el Crimen Organizado y la Oficina de Análisis de Crimen Violento, Sistema de Rastreo de Armas de Fuego, se titula el documento de 53 páginas que revela detalles de una presentación que hizo la ATF al gobierno de Calderón sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2009.

Con menos especificaciones, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN), creada en el sexenio de Calderón, presentó al gobierno estadounidense un documento de 20 folios en inglés: Confiscaciones relevantes de armas en México 2007-2008.

La presentación del gobierno calderonista arranca con la identificación de las rutas del trasiego ilegal de armas y hace referencia a 10 puntos de acceso al país: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Cuauhtémoc, Unión Juárez y Ciudad Hidalgo.

También enumera la cantidad y tipo de armas confiscadas –que incluía armamento bélico del tipo que usan las fuerzas especiales de Estados Unidos– entre diciembre de 2006 y abril de 2008, donde destaca la gran cantidad de municiones obtenidas: más de 1 millón y cuarto.

Conscientes de la cantidad de armas que ilegalmente cruzan todos los días el Bravo, en 2006 por iniciativa del Doj y bajo la conducción del ATF, se creó la Operación Gunrunner presuntamente para intentar contener el trasiego.

El proyecto tuvo como objetivo facilitar a los ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes la compra al mayoreo y menudeo de todo tipo de armas semiautomáticas, a fin de ubicar y desmantelar su trasiego ilegal.

Mediante Gunrunner el ATF supervisaba y autorizaba la compra de armas a ciudadanos y residentes sin antecedentes penales, para detectar su venta en el mercado negro a personas que las trasiegan ilegalmente a otros países o a personas con historial criminal.


 

Medina Mora, al tanto

En la serie de reportajes sobre documentos confidenciales en poder de Proceso y publicados recientemente sobre los operativos Gunrunner, Wide Receiver y Fast and Furious (Rápido y Furioso) se demuestra que el gobierno de Calderón estuvo enterado de este trasiego supervisado.

Durante el primer año de la Presidencia de Calderón, su procurador general, Eduardo Medina Mora, fue notificado sobre la operación Gunrunner.

Como parte de Gunrunner y con los mismos parámetros, el Doj creó otra operación: Wide Receiver (Receptor Abierto), con énfasis en el tráfico ilegal de armas sobre la franja fronteriza de Estados Unidos.

Receptor Abierto fue iniciativa del ATF, cuya instrumentación fue notificada al gobierno de Calderón en las representaciones de la entonces Procuraduría General de la República en los consulados mexicanos en Arizona y Texas, por lo que Medina Mora, al asumir como procurador, supo del trasiego.

El expediente del ATF sobre la estadística de la recuperación de armas de 2006 a 2008 indica el acopio de 14 mil 438 armas y 31 dispositivos de ataque. El documento de la STCSN sostiene que en esos años se recuperaron 14 mil 135 armas y 863 granadas de fragmentación.

La presentación en powerpoint que hizo el gobierno mexicano al de Estados Unidos expone algunos eventos de la confiscación de armas traficadas al país, como el ocurrido el 7 de enero de 2007 en Río Bravo, Tamaulipas, durante una confrontación con fuerzas de seguridad: 29 rifles semiautomáticos, nueve pistolas, un lanzacohetes de 66 milímetros y municiones de diversos calibres.

En otro evento, el 8 de febrero de 2008 en Reynosa, Tamaulipas, también en confrontación con fuerzas de seguridad se aseguraron 17 rifles de asalto, 20 pistolas, 12 granadas de fragmentación, un lanzagranadas y accesorios y municiones de diversos calibres.

En cada uno de sus apartados el documento del ATF es más detallado que el mexicano; por ejemplo cita el calibre de cada una de las armas rastreadas y recuperadas en México en los años que aborda.

 

Operaciones fallidas

Los desastres, escándalos y fiascos de las operaciones Gunrunner, Receptor Abierto y Rápido y Furioso –esta última, de la cual también fue informado el gobierno de Calderón y que se realizó del 31 de octubre de 2009 a junio de 2010– nunca detuvieron el torrente de armas traficadas a México.

Las operaciones supervisadas se paralizaron gracias a las investigaciones del Congreso federal estadounidense al Doj, a consecuencia del asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, el 14 de diciembre de 2010 en la frontera sur de Estados Unidos.

Las miles de armas traficadas a México en las operaciones supervisadas por el ATF, la DEA y el FBI en su mayoría terminaron en manos del Cártel de Sinaloa y en menor escala en las de otros grupos criminales.

El expediente del gobierno de Calderón en uno de sus casilleros describe a detalle el tipo de armas requisadas entre 2007 y 2008. No para ahí. El documento de la STCSN concluye con un cuadro comparativo de aseguramiento de armas en tres etapas, del 1 de diciembre de 1994 al 3 de abril de 1996, del 1 de diciembre de 2000 al 3 de abril de 2002, así como del 1 de diciembre de 2006 al 23 de abril de 2009.

Las diferencias entre los documentos del ATF y el de la STCSN son gigantes. La agencia estadounidense expuso a las autoridades mexicanas cada uno de los aspectos de lo que implica el rastreo, ubicación y confiscación de las armas traficadas por Gunrunner y Receptor Abierto.

Sobre el número total de armas rastreadas y recuperadas en México, con la identificación del comprador al menudeo, el ATF refiere que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 identificaron a quienes adquirieron 2 mil 642 armas y no pudieron identificar a quienes compraron 3 mil 921.

La misma estadística se eleva notoriamente para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008; identificaron a compradores de 5 mil 454 de las armas y no lo lograron con los que adquirieron otras 8 mil 590.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2009, el ATF comprobó la identidad de quienes compraron mil 250 armas, pero no tuvieron éxito con la venta de otras 2 mil 43.

El documento del ATF en poder de Proceso incluye el nombre de los estados y la cantidad de armas que ahí se compraron y que fueron trasegadas ilegalmente a México.

Durante el año fiscal 2007, el ATF rastreó y recuperó en México mil 204 armas que salieron principalmente de Texas, California y Arizona. En 2008 y 2009 esos tres estados volvieron a estar a la cabeza.


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