- La directora general del IMCO consideró que no sólo se deben vigilar las adjudicaciones directas de los gobiernos, sino que también se deben de evaluar la calidad de los procesos y la eficiencia de los productos que se compran
- Recursos poco transparentes y mal usados, así se puede interpretar un adjudicación directa que no se observa y evalúa
El trabajo para saber cuáles son las afectaciones a las finanzas públicas que se derivan de las adquisiciones directas es muy exhaustivo y amplio, señaló Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sin embargo, es completamente necesario, no sólo para saber si el erario está siendo gastado apropiadamente, sino también para evaluar la calidad y la eficiencia de los productos que se están comprando, es decir, medir sus impactos cualitativos de la mano con los cuantitativos.
En la conferencia de prensa donde se presentó la iniciativa de Ley de Contrataciones que ya está en la Cámara de Diputados y que tiene por objeto eficientar la transparencia y los procesos de cualquier compra gubernamental, Valeria Moy indicó que “el costo para las finanzas públicas está ahí. Hay un costo directo, es un costo de recursos, es un costo monetario. Pero a mí el costo que más me preocupa (…) es el costo en eficiencia. Es todo lo que se pierde en la calidad de ese gasto”.
La economista enfatizó en que el interés por saber en qué se está deviniendo el recurso público ya no versa solamente en los pesos gastados por los gobiernos al gestionar opacamente una compra, sino que también busca encontrar cuál es la eficiencia en esa clase de procesos porque “desde luego abre la puerta a muchos temas de corrupción”. Externó que como tal no se sabe un monto específico sobre cuáles son las afectaciones al erario derivado de las adjudicaciones directas pero, aseguró, que se está hablando de cantidades significativas de dinero, mismas que provienen de todas las personas que pagan sus impuestos: “La idea de que se vayan tirando, en término de recursos y de eficiencia que se pierde a lo largo de los procesos, me parece que es algo que a todos nos tendría que preocupar”.
También en esa conferencia de prensa Mariana Campos, representante de México Evalúa, complementó la idea de Valeria Moy argumentando que precisamente la iniciativa de Ley que presentaron al poder legislativo busca erradicar las “excepciones permitidas que no responden a las buenas prácticas internacionales sobre cuándo hacer adjudicaciones directas”.
Por lo anterior, se redujeron las causales para que esta clase permisiones ya no se puedan presentar, asimismo se propuso eliminar los procesos que permiten gestionar compras “fuera de la ley” con organismos autónomos o entre dependencias que escapan de la vigilancia de una revisión de riesgos y que actualmente sí se están llevando a cabo porque la actual legislación así lo admite.
La nueva iniciativa, Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, está pendiente de revisión por la Cámara de Diputados y se espera que desde el ámbito gubernamental se tome en cuenta para tener un progreso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
