OAXACA, Oax.- Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas (cuatro de ellas mujeres y dos periodistas) desde el inicio de la contingencia por la pandemia de covid-19.
Además, reportaron la criminalización de tres defensoras, entre muchas otras agresiones como la estigmatización, represión y amenazas, al tiempo que se intensifican las campañas de hostigamiento físico y digital, bloqueos informativos, desprestigio y amedrentamiento.
Las organizaciones denunciaron ante la CIDH que la situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden derechos humanos en México se ha agravado a raíz de las medidas de atención a la pandemia implementadas por el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.
En particular se refirieron a la situación de mujeres defensoras y de la población LGBTIQ+; defensores de la tierra y el territorio; defensoras criminalizadas y privadas de libertad, así como de quienes acompañan a la población migrante, los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores, y la situación de familiares de personas desaparecidas o víctimas de violaciones de derechos humanos.
En el marco del 176º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, participaron en una reunión bilateral con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para abordar la situación de la defensa de derechos humanos y libre expresión en México, a partir de la pandemia.
En un comunicado refirieron que durante la reunión bilateral las organizaciones participantes señalaron que, si bien existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias, y no existe un reconocimiento de las causas diferenciales y las afectaciones sociales, económicas y políticas que conlleva el covid-19.
A esto se suma la preocupación de las organizaciones por el agravamiento de las barreras estructurales que atentan contra la defensa de derechos humanos y la libre expresión.
Entre ellas citaron la profundización de la militarización a partir de la emisión del decreto del 11 de mayo de 2020, que dispone de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública, así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en medio de las restricciones a la movilidad, adoptadas por los gobiernos locales.
Denunciaron que la intensificación del extractivismo ante la continuidad de megaproyectos, la restricción en los trámites de solicitud de información pública, y la suspensión y disminución de labores de los tribunales y fiscalías, limitan el acceso a la justicia, lo que conlleva efectos negativos sobre las personas defensoras y periodistas.
Igualmente resaltaron el alarmante incremento de la violencia de género: “Abril de 2020 fue el mes con más carpetas de investigación sobre asesinatos de mujeres, y entre marzo y mayo se alcanzaron cifras récord en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar y sexual, poniendo a las defensoras y periodistas en distintos niveles y ámbitos de riesgo.
Del total de agresiones documentadas contra la prensa, relacionadas con coberturas de la pandemia, 52.17% fueron dirigidas contra mujeres periodistas.
“Nos preocupa la continuidad de la impunidad y violencia contra las mujeres, y la falta de atención debida, donde el gobierno federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres, nos atraviesa este contexto de riesgo”, afirmó Cecilia Espinosa, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Por su parte, la CIDH se comprometió a dar seguimiento a la comunicación con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para sostener mecanismos conjuntos vigentes para la protección a personas defensoras de derechos humanos.
Finalmente, el organismo expresó su interés por brindar asesoría técnica al gobierno de México, orientada a implementar las recomendaciones internacionales en relación con la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
