APRO/Juan Carlos Cruz Vargas
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y organismos no gubernamentales (ONG) presentaron la propuesta de ‘Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público’ (Ley de Contrataciones), con la que buscan inhabilitar a empresas que se coluden para venderle al gobierno, y crear una institución y una plataforma nacional de contrataciones públicas.
La iniciativa fue presentada el jueves 2 a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su discusión, en el marco del ejercicio de Parlamento Abierto que se desarrollará durante julio.
“Esta discusión es de especial relevancia, considerando que durante 2020 los gobiernos federal y de las entidades federativas podrían gastar más de dos billones de pesos para la contratación de bienes y servicios, mismos que pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios que ofrezcan las mejores condiciones de compra al Estado”, señaló la Cofece.
Añadió: “Hoy más que nunca el gasto público puede beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 68% del empleo en el país, construyendo así una economía más incluyente”.
La iniciativa, también elaborada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), contienes seis puntos medulares:
- El desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas.
- Establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés.
- Fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas.
- Introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos.
- Tener controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas.
- Mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos.
En videoconferencia, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, señaló que abrir la conversación sobre una Ley de Contrataciones permitiría dos cosas: “Primero, que haya ciertos parámetros de carácter nacional, que sepamos que se van a dar en todo el país las mismas condiciones para contratar; es importantísimo para la reactivación económica, porque la carga jurídica de adaptarse a la contratación pública cae en la pequeñas y medianas empresas, no en las grandes que tienen departamentos legales muy grandes”.
Por otra parte, dijo, se trata de “alinear” el desfase entre la Ley de adquisiciones y Ley de Obra Pública: “Cuando finalmente logramos abrir la Ley de Adquisiciones para su discusión legislativa, dejamos atrás la de Obra Pública, y mucho de sus defectos que se lograron aminorar o borrar, sigue siendo un defecto en la Ley de Obras. Me parece central que el sistema de contratación pública, es decir, adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, enajenaciones y también la obra pública, tienen que guardar ciertas consistencias”.
Sobre la plataforma Compranet, aseguró que jamás ha tenido la información completa y necesaria para poder tomar decisiones en términos de investigación de mercado, así como decisiones públicas en términos de inteligencia de mercado, e incluso contraloría social por parte de los ciudadanos.
“Necesitamos que haya estándares de información pública que se cumplan en la práctica, que Compranet sea una herramienta que cuente con toda la información clara y disponible para transparentar los procesos, si hay riesgos de corrupción, y sobre todo para decidir bien sobre lo que está contratando el Estado mexicano”, abundó.
Los especialistas informaron que el Gobierno Federal ya está enterado de la propuesta, por lo que no debe resultar una sorpresa.
