APRO/Rogelio Flores
Entre abril y agosto de 2010 Proceso solicitó información, vía Ley de Transparencia, sobre el “número de ejecuciones civiles” en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. En esas fechas Felipe Calderón llevaba casi cuatro años como presidente de México.
Se ingresaron peticiones de información a las Unidades de Enlace de la Presidencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un ejemplo de clara opacidad y ocultamiento deliberado de información, todas las solicitudes fueron rechazadas con evasivas: “No es competencia de esta unidad de enlace”, “esta secretaría no lleva la estadística de las ejecuciones a civiles”, “la información solicitada es inexistente” o “no obra en los archivos centrales de esta dependencia”.
De manera particular, el 19 de mayo de 2010 el Comité de Información de la Presidencia de la República notificó la “inexistencia de información” sobre el número de ejecuciones, pese a que semanas atrás había dado cuenta de algunas cifras de homicidios por la guerra contra el narco.
Como respuesta a esa negativa, Proceso ingresó un recurso de revisión ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). La contestación del organismo autónomo también fue de rechazo. María Elena Pérez-Jaén Zermeño –comisionada ponente asignada al caso– confirmó la “declaratoria de inexistencia” de información de la Presidencia el 14 de julio de 2010.
En su nombramiento como comisionada, Pérez-Jaén fue duramente criticada por su cercanía con el PRI y con Felipe Calderón. El 8 de noviembre de 2009 Proceso publicó el texto “Las opacas”, firmado por Daniel Lizárraga, en el que se daba cuenta de la “designación presidencial” de Pérez-Jaén y de Wanda Sigrid Arzt Colunga como comisionadas del IFAI.
Actualmente, Pérez-Jaén es una activa defensora de Calderón en las redes sociales y una crítica habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno.
En aquellos meses también se solicitó información a la SSP. Al igual que la Presidencia, la Secretaría encabezada por Genaro García Luna denegó el acceso a las cifras, argumentando que la información solicitada era “inexistente”. No obstante, la titular de la Unidad de Información y Análisis de la SSP, Olivia Lizeth Parra Salazar, “orientó” al solicitante para que dirigiera su consulta a la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con el libro México en llamas: el legado de Calderón, de Anabel Hernández, Parra Salazar fue la “sombra de García Luna”. De editora de noticias de TV Azteca pasó a directora general de Planeación Policial de la Agencia Federal de Investigación. Posteriormente fue nombrada directora general de la oficina en la SSP, para terminar como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional.
Según el diario Reforma, Parra Salazar está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por el uso de recursos millonarios para campañas en medios, incluyendo el pago por montajes para simular capturas y operativos.
Algo similar ocurrió con las peticiones a la PGR, el Cisen y la Sedena. En los tres casos se negó el acceso a la información. No obstante, la PGR entregó un archivo con el número de averiguaciones previas por el delito de lesiones, homicidio y violaciones graves, de 2006 a agosto de 2010, así como un enlace a la recién creada “Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada” que, paradójicamente, “subieron” a la página en internet de la Presidencia el 12 de enero de 2011, nueve meses después de la primera solicitud de información de Proceso.
