Beatriz Pereyra
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin haberle puesto ningún candado para evitar malos manejos de los recursos públicos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados elaboró un dictamen a favor de la permanencia del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) del cual fueron desviados 50.8 millones de pesos durante el primer semestre de 2019.
Dicho dictamen será votado en la sesión de este miércoles 29 de julio.
“Esta dictaminadora considera necesario mantener el fondo. Durante los ejercicios de análisis de dicho fondo se mencionó que este esquema facilita el aprovechamiento de los recursos para deportistas de una manera multianual o incluso aunque no coincida con el ejercicio fiscal. Al sujetar los recursos a la calendarización presupuestal normal se dificultaría su uso para los beneficiarios”, indica el dictamen.
No obstante, el dictamen no contribuye a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, justificaciones por las cuales la bancada de Morena presentó en mayo último una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos.
Los legisladores no pudieron encontrar un mecanismo de regulación y vigilancia para evitar que los servidores públicos malversen el dinero al colocar personas a modo en la Comisión Deportiva del Fodepar para asignar a discreción los recursos públicos.
Tampoco se creó un esquema para evitar las comprobaciones irregulares ni que cualquier persona se haga pasar por un beneficiario (entrenador, metodólogo) para poder recibir depósitos como ha ocurrido hasta ahora.
Si bien es cierto que contar con este fideicomiso facilita la dispersión de los recursos para los deportistas de élite del país, desde su creación en 1998 se ha convertido en la caja chica de los directores de la Conade en turno.
En más de 20 años, el Fodepar fue sujeto por primera vez a una auditoría forense en 2019 porque así lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los auditores del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Conade solicitaron al Banjército que entregraran las facturas con las cuales fueron comprobados alrededor de 100 millones de pesos. Sólo gracias a eso pudieron constatar que los documentos son falsos, apócrifos y fueron alterados.
Por este motivo, la SFP tendrá que sancionar administrativamente a los servidores públicos involucrados y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
