APRO/Mathieu Tourliere
La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió dos inhabilitaciones y dos multas por más de 2 millones pesos contra la empresa Cyber Robotics Solutions, S.A. de C.V., la cual pertenece al hijo de Manuel Bartlett Díaz, tras determinar que proporcionó “información falsa” para vender respiradores a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, mediante un contrato adjudicado de manera directa y con precios “fuera del rango del mercado”.
La decisión de la SFP, plasmada en dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asesta un duro revés al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –ya envuelto en cuestionamientos sobre su patrimonio inmobiliario– y a Zoé Robledo Aburto, el titular del IMSS, quién defendió con fuerza la adquisición de los ventiladores para atender a los pacientes enfermos de Covid-19.
Sin embargo, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros determinó que la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez mintió respecto a la “disponibilidad inmediata” de los respiradores, pues estos fueron entregados “tarde”, y aparte ni un solo aparato cumplió con las especificaciones técnicas contratadas: de los 20 adquiridos, “11 estaban rotos o totalmente inservibles”, indicó la SFP en un boletín.
En el contrato que la delegación del IMSS en Hidalgo otorgó a Cyber Robotics Solutions el pasado 17 de abril, cada respirador tenía un costo de un millón 550 mil pesos, el precio más alto que una dependencia del Estado mexicano devengaría para uno de estos aparatos, como lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el pasado 1 de mayo.
En la tarde de ese mismo día, Zoé Robledo aseveró, en la conferencia de prensa sobre Covid-19, que la compra se había apegado a los criterios legales, y justificó el precio alto por la disposición inmediata de este insumo muy codiciado a nivel internacional; aparte, echó la responsabilidad del suceso a Claudia Díaz Pérez, la titular de la delegación del IMSS en Hidalgo.
Todavía el 1 de mayo, León Manuel Bartlett aseveró que la compra se realizó “de forma transparente y a precios razonables”.
La SFP realizó una visita a la delegación del IMSS y la obligó a devolver los respiradores, el 11 de mayo, lo cual “evitó los daños al erario”, presumió la dependencia; días después, sancionó a cuatro funcionarios de la delegación del IMSS en Hidalgo, entre ellas su titular, contra quiénes emitió una suspensión temporal.
La empresa, por su parte, estará impedida de recibir contratos de dependencias públicas durante 24 y 27 meses, según las inhabilitaciones emitidas por la SFP.
