- El ITEA multó al director de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso del Estado, Omar Israel Jiménez Colombo, por no dar respuesta de los aumentos salariales aprobados para ese órgano
- La multa asciende a 13 mil pesos y se dio por la “omisión de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información”
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) emitió una resolución a un recurso de revisión que no fue contestado apropiadamente y que dejó inconclusa la solicitud de información de un ciudadano, por la que impuso una multa de 13 mil 32 pesos al director general de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso del Estado, Omar Israel Jiménez Colombo, por “la omisión de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información”.
El 13 marzo de este año se hizo una solicitud de información al órgano legislativo local a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí se requirieron, entre otras cosas, que se aclarara el monto del aumento salarial pactado para esa dependencia del 2010 en comparación con los de este 2020.
Después de más de dos meses, el 19 de mayo, dicha dirección del Congreso respondió que “no es factible responder la solicitud, debido a que el personal que tiene bajo su custodia los expedientes de los servidores públicos adscritos a este Poder Legislativo, no se encuentra laborando, al estar resguardados en sus domicilios [por cuestiones de seguridad ante la pandemia del Covid-19]”.
Luego de esa “respuesta”, la cual se calificó de insatisfactoria, quien realizó la solicitud de información promovió un recurso de revisión por la inconformidad, mismo que el 3 de junio fue replicado, de nuevo insatisfactoriamente y sin lo que se pidió en primera instancia por la misma dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso.
La multa se interpuso por dos razones principales: 1) “El sujeto obligado dio respuesta fuera del término de diez días hábiles” y 2) “tal respuesta negó la información demandada sin que dicha determinación se encontrara debidamente fundada y motivada contraviniendo así con el acceso a la información y la Ley de Transparencia”.
La resolución con fecha del 22 de junio revocó la respuesta del Congreso y ordenó, además, “entregar la información requerida de manera gratuita”. Por último se especificó que el pago tendrá que hacerse de su propio bolsillo y no podrá devenirse de las arcas del órgano legislativo.
Si bien dentro de la resolución se advierte que Jiménez Colombo puede recurrir al recurso de inconformidad o a un juicio de amparo, ya quedó consignada la opacidad infundada y la violación al derecho al acceso de información de un ciudadano por la dirección de una institución gubernamental.
