El ethos urbano en la pandemia: protestas sociales, acción policial y resignificación del espacio público - LJA Aguascalientes
20/06/2021


Las ciudades como productos históricos y culturales de la racionalidad humana y de la forma como esta asume e interactúa con su medio natural y social, expresan la necesidad e importancia que tiene el estar juntos para para convivir, crear e intercambiar ideas, procesos, experiencias y conocimientos y para construir apuestas de futuro; al tiempo que plantean la necesidad de establecer unos acuerdos mínimos para garantizar la convivencia y el desenvolvimiento de los actores y actividades que la construyen y recrean constantemente.

En consecuencia, las ciudades como manifestación de formas de organización de las sociedades y de las relaciones de poder que las sustentan, han determinado la forma como los individuos y colectividades que la habitan se relacionan con ella y entre ellos, generando diferentes experiencias de habitarla, de acuerdo con su posición en la estructura social; al tiempo que han promovido la difusión de determinados valores y códigos de conducta para garantizar su reproducción, encontrándose dentro de estos los discursos de la “cultura cívica”, la “cultura ciudadana”, entre otros.

Así, en diversos contextos se ha manifestado la necesidad de adoptar una serie de conductas a fin de garantizar la convivencia pacífica, que en algunos casos parten del reconocimiento del otro y de las diferencias y de la necesidad de tramitar los conflictos a partir de mecanismos institucionalizados, mientras que en otros apelan a la interiorización de ciertos valores para evitar ciertas conductas, o a la sanción social como mecanismo de control para no incurrir en comportamientos considerados como inapropiados o contrarios al bienestar general. 

La pandemia generada por el Covid-19 es una coyuntura en la que se ponen a prueba los dispositivos de normalización de las conductas de los urbanitas y las herramientas adoptadas por los gobiernos urbanos garantizar la estabilidad del orden social urbano; y que a su vez demanda el establecimiento de nuevos acuerdos colectivos, en los que están en juego la salud pública y la vida misma de los ciudadanos, dada la redefinición de los espacios públicos que están imponiendo las medidas de distanciamiento social y las directrices adoptadas por los gobiernos territoriales y nacionales para la gestión de la actual crisis de salud pública y económica. 

Las dinámicas de pobreza estructural y oculta existentes en nuestras sociedades, en particular la dependencia de un elevado porcentaje de la población de los ingresos que se obtienen en el día a día, la no intervención de los Estados como agentes de redistribución y garantes de derechos sociales y económicos básicos frente a los embates de los sistemas financieros que continúan sus dinámicas de acumulación como si nada estuviese sucediendo; son los factores que han generado una creciente explosión social en la que los esquemas de cuarentena estricta son fuertemente cuestionados, dada la insatisfacción de necesidades básicas como la alimentación y la vivienda para amplios sectores de la población, y las limitantes e ineficiencias que se han presentado en el otorgamiento de ayudas mediante transferencias monetarias y disposiciones legales para la protección de derechos laborales y el otorgamiento de alivios económicos. 


Así, las negativas de los gobiernos por acoger propuestas alternativas como la renta básica universal para garantizar un ingreso mínimo vital que permita mantener activas las económicas locales y el autocuidado, junto con la crisis económica de las familias, y las restricciones a la movilidad personal han suscitado el desarrollo de protestas en plazas públicas no solo en Latinoamérica sino en otras regiones del mundo, en medio de la implementación de medidas que prohíben las aglomeraciones; las cuales tienen en común el cuestionamiento sobre las fronteras entre lo público y lo privado y hasta dónde debe llegar la acción del gobierno para la gestión de la situación sanitaria.

En las protestas y concentraciones en plazas públicas que han ocurrido en países como Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay y México han tenido diferente intensidad y motivaciones. Dentro de las motivaciones que se han planteado para salir a las calles se encuentran la apertura de actividades económicas restringidas, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, el fortalecimiento de los hospitales y mecanismos de atención en salud; y el descontento con las gestiones de los gobiernos, ya que en varios casos la pandemia ha sido utilizada como excusa para desarrollar prácticas que van en contra de la democracia, tales como la suspensión de procesos de participación ciudadana y de debates legislativos para la toma de decisiones de gran trascendencia y que se relacionan con proyectos económicos extractivos. 

A estas protestas se suman las manifestaciones de personas recluidas en cárceles exigiendo mejores condiciones sanitarias en sus sitios de reclusión, las protestas ocurridas en Malaui y Nigeria en África contra las medidas sanitarias y las concentraciones realizadas por negacionistas de la existencia del Covid, tales como las que sucedieron en Estados Unidos y en países de Europa, como Alemania y Francia, donde a su vez se cuestiona cómo el confinamiento está atentando contra la libertad de los individuos y el uso de la mascarilla. 

En la mayoría de los casos, las protestas han terminado en disturbios y en una fuerte represión policial, en la que se señalan como elementos legitimadores del uso de la fuerza desmedido el control de la propagación del contagio, los daños causados por algunos manifestantes al mobiliario urbano y los saqueos a comercios. En este escenario la protesta social como un derecho legítimo se ha visto cuestionada como un acto que puede exponer a mayores contagios, sin embargo, pone de presente la discusión sobre el ejercicio de los derechos ciudadanos y la obligación que se tiene como parte de una comunidad de denunciar y exigir reorientaciones de la acción de gobierno.

La pandemia llegó en un momento en el que la expansión de las ciudades y de sus contradicciones y tensiones internas se encontraba en ascenso; y en donde convivían la anomia y la falta de sentido de pertenencia de algunos ante la privatización de espacios públicos y lo profundización de situaciones de precariedad en el hábitat y de exclusión social, con procesos reivindicativos de organizaciones sociales de base, de distinto carácter, a favor de la garantía del derecho a la ciudad, sin que lograse consolidarse hasta el momento un ethos colectivo basado en el respeto a la diversidad, capaz de reconocer y resolver los conflictos de manera pacífica y de construir nexos sólidos que le permitan ver al otro no como un antagónico sino como parte de un mismo proceso. 

Por ello, la pandemia vino a hacer más evidentes estas tensiones y a profundizarlas. No obstante, también ha sido un espacio de oportunidad para generar nuevos lazos y esquemas alternativos, contándose con experiencias significativas de economía solidaria que deben rescatarse. En un momento, en que la presión social ha llevado a que las políticas sanitarias enfaticen en el autocuidado, para facilitar la reactivación económica, es necesario replantear la ética de lo urbano y definir nuevos acuerdos para esta nueva normalidad que nos es impuesta, superando las medidas higienistas que se limitan a definir cómo usar la mascarilla o desarrollar los protocolos de bioseguridad y avanzar en la construcción de acuerdos frente a cómo fortalecer los espacios públicos como lugar de encuentro y planteamiento de diferentes alternativas para el debate público. Sin duda es un reto en el marco de un proceso global de polarización política e ideológica, pero debemos como urbanitas poner nuestra creatividad al servicio de procesos de ruptura en los que se sea más consciente del otro y de su cuidado.

Laura Milena Ballén

Dra en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colmex

 

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