En el fondo de la transparencia – LJA Aguascalientes
23/09/2020


Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no existe una antinomia entre la facultad del Pleno del Instituto de Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), prevista por el artículo 90, fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LTAIPEV), para ratificar a los servidores públicos nombrados por el Comisionado Presidente y la correspondiente al Congreso del Estado, para nombrar al titular del Órgano Interno de Control, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 33, fracción XL BIS de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CPEV), es decir, si el titular de este es designado por el Congreso, dicho nombramiento no tendría que ser ratificado por el Pleno de ese Instituto.

Para entender lo anterior, es importante recordar que en mayo del años dos mil quince, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando una fracción a su artículo 74, para que la Cámara de Diputados fuera la encargada de designar, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la propia Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, verbigracia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Siguiendo con el ejemplo del INAI, fue que se publicó en mayo del años dos mil dieciséis, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde definió en su artículo 51, al Órgano Interno de Control (OIC) del INAI como un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, además de tener a su cargo el prevenir, corregir investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del INAI y de particulares vinculados con faltas graves.

Es así, que el OIC del INAI al estar dotado normativamente de esa autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones en la investigación, substanciación, calificación de las faltas administrativas y su resolución, tanto de servidores públicos como de particulares, en el ámbito de su competencia, así como para implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en los términos establecidos por el actual Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras, cuenta ya en su estructura orgánica con una Dirección de Auditoría Interna; una Dirección de Investigaciones de Quejas y Denuncias; y Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.

Es claro que para el INAI su OIC así como las Direcciones que ahora lo conforman deben de cumplir con objetivos muy precisos que les permita fiscalizar adecuadamente la gestión administrativa del INAI, así como el fortalecer su control interno y de esta manera puedan ejercer ese poder disciplinario otorgado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así se pueda inhibir y combatir la corrupción, ya sea identificando acciones de mejora o mediante la realización de revisiones preventivas.

De esta manera, los Organismos Garantes de Acceso a la Información de las entidades federativas, siguieron la misma sinergia que el INAI, pues debían de contar con un OIC capaz de ejercer las funciones propias de su puesto, así como aquellas que les fueran encomendadas por las leyes en materia de responsabilidades administrativas, sin dejar de lado el nombramiento de sus titulares, el cual debía corresponder a sus congresos locales, tal como sucediera con la designación del titular del OIC del IVAI que corresponde a su Congreso, según lo ya dicho en su artículo 33, fracción XL BIS de la CPEV el cual de acuerdo a lo resuelto por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 96/2018 no requiere de ratificación alguna. 

Analizando un poco al OIC del IVAI, dispone el artículo 115 de la LTAIPEV, que contará con autonomía técnica y de gestión, así como con los recursos suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del presupuesto del Instituto, para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción, el cual entre otras atribuciones, tendrá aquellas encaminadas a organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del IVAI, así como inspeccionar el manejo y custodia del gasto público e ingresos del mismo y su congruencia con el presupuesto de egresos, además de las descritas en el precepto en cita. 

Asimismo, menciona el citado precepto que el OIC contará con una Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación; una Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación; y finalmente con una Subdirección de Normatividad, Auditoria y Control, todas ellas bajo la responsabilidad del titular del OIC, quien además podrá designar y remover a los titulares de éstas, con base en los requerimientos del servicio. 

En otro ámbito, tratándose del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) de acuerdo con su actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala en su artículo 24, que para el correcto funcionamiento del ITEA tendrá la siguiente estructura administrativa para la gestión y el desempeño de sus atribuciones: El Pleno; La Presidencia; El Consejo Consultivo; La Secretaría Ejecutiva; La Contraloría Interna; y las demás direcciones o unidades administrativas que establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables. 

Sin embargo, para el caso de la Contraloría Interna, se observa que la LTAIPEAM sigue concediendo la atribución a la Presidencia del Pleno ITEA para llevar a cabo su nombramiento, pese a que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes (CPEA), desde el año dos mil dieciocho, dispone en su artículo 27, fracción XXXVIII, que el Congreso del Estado es el facultado para llevar a cabo la designación, de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la CPEA, entre ellos el que debe corresponder al ITEA 

En este sentido, hacen falta tres cosas para que el organismo garante en la entidad pueda cumplir con la CPEA, primero, reformar la LTAIPEAM a fin de crear al OIC y cuyo nombramiento de su titular este a cargo del Congreso del Estado, sin que requiera ratificación alguna por parte del Pleno del ITEA; segundo, dotarlo de las áreas que estimen necesarias, según el presupuesto del ITEA, para cumplir con los objetivos que la misma LTAIPEAM le otorgue, así como para que desarrollen los procedimientos que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y finalmente, no menos importante que las dos anteriores, verificar que el Congreso del Estado realice la consulta a la sociedad para recibir las propuestas de quien desee participar como candidato a ocupar el cargo de titular de su OIC.

 

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