- Derivado de problemas de financiamiento y largos procesos burocráticos que vulneran a los periodistas 133 periodistas han sido asesinados desde el 2000, 15 durante la administración de López Obrador
- Hay una ley federal y 21 estatales que protegen a periodistas, la mayoría trata sobre agresiones físicas, en algunas se omiten derechos civiles
En México, el periodismo es una actividad de alto riesgo en especial cuando se trata de crimen organizado, seguridad pública y problemáticas sociales, según señalan varios organismos y expertos en la materia.
Por lo menos 133 periodistas han sido asesinados desde el 2000, 15 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, según informó la Asociación Periodistas Desplazados y Agredidos. 99.3% de los asesinatos no se investigan de manera exhaustiva, imparcial y objetivamente, señala Artículo 19.
En el país se tiene una ley federal y 21 leyes estatales distribuidas en 18 estados para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, la mayoría de los periodistas consideran que estas medidas sirven de poco, de acuerdo con el artículo “Reportear en el desamparo: Análisis de las medidas de protección a periodistas en México desde el contexto local” escrito por Salvador de León Vázquez y Rubén Arnoldo González Macías.
En entrevista, de León Vázquez comentó que, aunque en su momento fue un logro que la Federación publicara la Ley de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, en la práctica no se ha logrado tener resultados sólidos derivado de problemas de financiamiento para operación y en los procesos largos que generan lentitud, poniendo en riesgo al periodista.
En los ámbitos locales se protegen sólo algunos aspectos en trabajos periodísticos. De las 21 leyes existentes, 12 protegen agresiones físicas, en 7 se habla de los derechos civiles.
Salvador de León detalló que, aunque quizá lo que más preocupe sea la violencia física, también es necesario hablar de derechos, “por ejemplo, cuando hay una presión en la que un juzgado le ordena a un periodista revelar sus fuentes informativas, ahí también podría haber hasta penas corporales o problemas psicológicos derivados de la presión, así como la pérdida de empleo”.
Dentro de los derechos civiles, se tiene que hablar de la protección del secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a la información y a los eventos, derechos de autor sobre obras literarias y obras periodísticas, así como derechos sociales.
La cláusula de conciencia tiene que ver con que el periodista puede rechazar escribir contrario a su postura con respecto a la salud: “El patrón no puede despedir o sancionar si el periodista considera que no es adecuado escribir esa información que le están obligando”.
Según marca la mayoría de estas leyes, se aplican las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios públicos que no garanticen las medidas cautelares a periodistas o a quienes los agreden. Sin embargo, no se establecen responsabilidades sobre los empresarios de los medios que son quienes deberían de ejercer también una acción de protección sobre sus trabajadores y brindar los elementos necesarios para protegerlos.
