APRO/Juan Omar Fierro
La iniciativa de reforma judicial que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión en febrero no se consultó con jueces ni magistrados federales, lamenta el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Ariel Rojas Caballero.
El magistrado federal, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Guanajuato, agrega que la propuesta tampoco fue consultada con el resto de los ministros que integran el Pleno de la Corte, lo que preocupa dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.
Además, advierte que la posibilidad de una reforma judicial se da en un contexto de ataques y descalificaciones a la independencia de los jueces y magistrados federales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que califica como “grave” en cualquier parte del mundo.
Para Julio Ríos Figueroa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y uno de los pioneros en el estudio de la vida interna de la judicatura, ni siquiera es momento de realizar una reforma judicial de gran calado, debido al contexto político, pues abre las puertas a que se realicen cambios constitucionales que minen la autonomía del Poder Judicial.
El investigador señala que aun cuando la iniciativa de Zaldívar tiene aspectos positivos y algunos riesgos internos por la concentración de poder en el Consejo de la Judicatura Federal, el riesgo real es que la mayoría parlamentaria afín al gobierno federal busque “colar” sus propias reformas, incluyendo los cambios que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha propuesto para ampliar la opacidad y discrecionalidad del Ministerio Público en los procesos penales, y por tanto, acotar el respeto a los derechos humanos.
Rojas Caballero explica que las dos grandes reformas en materia de justicia aprobadas en México en los últimos 26 años –la primera, en 1994, para otorgar mayor autonomía a la Suprema Corte, y la segunda, en 2008, para reforzar el respeto a los derechos humanos así como para implementar el sistema de justicia penal adversarial acusatorio–, fueron aprobadas tras lograr un consenso dentro y fuera del Poder Judicial.
Sin embargo, advierte que la iniciativa que se analiza actualmente fue elaborada de manera exclusiva por el equipo más cercano al ministro Zaldívar, como lo reconoció el propio titular del Alto Tribunal en entrevista con Carmen Aristegui: “Tengo 25 años de servicio en la institución y puedo decirte que cuando hay este tipo de iniciativas de gran calado, normalmente la Corte saca una convocatoria para que participen ministros, consejeros, magistrados, magistradas, juezas, jueces y en general la sociedad.”
Reconoce que, a diferencia de las reformas judiciales de 1994 y 2008, aprobadas tras largos periodos de consulta y con un amplio consenso entre los operadores de justicia y la clase política, en la actualidad hay un entorno político desfavorable, propiciado por el presidente López Obrador con sus constantes ataques a las resoluciones del Poder Judicial: “Desafortunadamente el entorno político era muy complicado y eso lo entendemos nosotros perfectamente, porque junto a esa iniciativa que hizo suya el presidente de la República, hay otras 30 propuestas, incluyendo algunas que quieren acabar con un contrapeso real del Estado, como lo es el Poder Judicial de la Federación”.
Incluso, Rojas Caballero observa que la posibilidad de reformar al Poder Judicial de la Federación se da en un momento en el que se presiona a los impartidores de justicia para que emitan fallos a favor del gobierno federal, tanto en los procesos penales que ha iniciado en materia de corrupción como en materia de obra pública, para evitar suspensiones en sus proyectos emblemáticos, como el Tren Maya.
En un análisis realizado por la Jufed, los magistrados y jueces federales encontraron tres puntos que ponen en riesgo la autonomía e independencia de los impartidores de justicia para emitir sus fallos, debido al poder que concentra el Consejo de la Judicatura Federal para sancionarlos y cambiarlos de lugar de residencia: “El proyecto que se elaboró en la oficina del ministro Zaldívar nos preocupa porque ataca la independencia judicial. El primero propone la desaparición de la facultad de la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, o sea, desaparecer esa facultad de revisar las resoluciones del CJF”.
“Los acuerdos generales regulan todos los acuerdos de la vida judicial, todos los detalles, desde cómo se nombran, la adscripción, la transcripción, visitas de inspección, el trámite de los procedimientos administrativos de responsabilidad, por eso son tan importantes. Y como cualquier acto de autoridad, debe estar sujeta a control judicial y el único órgano que podría revisar esto es la SCJN”, afirma Rojas Caballero.
El también doctor en derecho agrega que las revisiones administrativas equivalen al juicio de amparo con que cuentan los operadores del Poder Judicial, por lo que eliminar este recurso, previsto en el artículo 100 de la iniciativa, los dejaría en la indefensión.
Ríos Figueroa coincide en que otorgar demasiado poder al CJF y eliminar los mecanismos de defensa con que cuentan jueces y magistrados federales puede restar independencia a los impartidores de justicia, aunque no ve “mala fe” en el equipo de Zaldívar que elaboró el proyecto de reforma.
Destaca que la SCJN y el CJF tienen el mismo ministro presidente, por lo que esa persona combina el poder jurisdiccional y administrativo de los tribunales y juzgados, lo que provoca mayor concentración de poder en la cúpula judicial.
“Si se quedan los jueces y magistrados vulnerables porque el CJF tiene la capacidad de transferirlos, de iniciarles una investigación, de suspenderlos, el CJF sí tiene medios para presionar de forma indebida a los jueces. Si lo hace o no de forma indebida, ese es el tema, en la reforma no se propone ningún mecanismo de control para la propia Judicatura. Si concentras mucho poder en el CJF, lo vinculas además con la SCJN y no tiene un mecanismo de control, ahí es donde se genera una tormenta perfecta y por eso se pone en riesgo la independencia interna de jueces y magistrados en caso de que se use ese poder de manera indebida”, concluye Ríos Figueroa.
