CIUDAD DE MÉXICO.- A media noche del martes 15 de septiembre, a pocos minutos de vencerse el plazo legal, Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó a la Mesa Directiva del Senado una solicitud de consulta popular, con 43 firmas de senadoras y senadores, sobre un apoyo económico a personas afectadas por la crisis derivada de la pandemia por el covid-19.
La solicitud de pregunta propuesta por legisladores de diferentes bancadas: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y hasta dos de Morena, Armando Guadiana y Ricardo Ahued, dice:
“¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?”.
Lo anterior, según la exposición de motivos, debido a que el gobierno federal se ha negado a apoyar diferentes propuestas para que la población pueda hacer frente a la crisis económica como un ingreso básico universal para emergencia, una renta básica, ingreso mínimo, ingreso básico temporal o seguro de desempleo.
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“Se han presentado infinidad de propuestas en la materia, como establecer un ingreso básico vital para cada familia, incentivar estímulos fiscales en los servicios básicos como: la energía eléctrica y demás, o suspender momentáneamente los pagos patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna ha sido prioridad para el Gobierno Federal”, dice la solicitud.
De acuerdo al artículo 27 de Ley federal de Consulta Popular una petición proveniente del legislativo requiere el respaldo de al menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso.
Este jueves el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, dará cuenta de la solicitud y la turnará a la Comisión de Gobernación y las correspondientes. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de integrantes en ambas Cámaras y, de ser rechazado, será archivado.
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Sin embargo, de ser aprobado por el Congreso, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tiene la palabra final al resolver sobre su constitucionalidad.
