El pasado veintitrés de septiembre, me tocó participar vía remota como conferencista en el Sexto Congreso Internacional de Crimen económico y fraude financiero y contable, organizado por la Corporación Universitaria Remington con el tema “Factor: Transparencia, como herramienta preventiva en los sistemas de auditoría en el sector público y privado.”, en el cual, inicialmente les platique de la transparencia como un derecho regulado por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data desde el año de 1977.
Pero sin duda, una de las preguntas obligadas durante este congreso fue: ¿Realmente sirve la transparencia? La realidad es que sí, ya que a la fecha hace posible que se pueda acceder a la información de los gobiernos, lo que además permite constatar si efectivamente están trabajando en el marco de las leyes, reglamentos, protocolos o lineamientos que regulan su actuar.
Claro que, al hablarles de la transparencia, no podía dejar de mencionar su contribución a la disminución de un flagelo ya conocido por todos en México, me refiero a la corrupción, lo que propiciara otra pregunta por parte de los espectadores ¿la corrupción se puede combatir con la transparencia? En este caso, la respuesta fue un poco compleja, pues si bien es cierto que actualmente se cuenta con diversos organismos enfocados a combatir la corrupción, verbigracia el Sistema Nacional Anticorrupción, no menos cierto es, que quienes lo conforman (académicos, investigadores, etc.) no han logrado recuperar la confianza para con el Estado, aún y cuando la transparencia en este rubro juega un papel determinante, la opacidad no construye gobiernos democráticos, la transparencia sí.
Sin duda la transparencia no puede quedar asentada en los conceptos o herramientas a las que ya me he referido, también se ha trasladado a la actuación de los servidores públicos, que están obligados a respetar los principios –fundamentales– que regulan su actuación, donde encontramos el de honradez, integridad, entre otros. Además de directrices con las que también deben de cumplir, una de ellas relativa a la correcta administración de los recursos que están bajo su responsabilidad, donde es aplicable un principio fundamental, la transparencia.
De modo que, así fue como vincule el tema expuesto en aquel congreso, es decir, la transparencia con las auditorías, donde estas últimas, de acuerdo con distintas leyes en el mundo, como la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información; la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (En Colombia); o la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (En México) son coincidentes en señalar que las auditorías o los resultados de ellas corresponden al rubro de información pública, vista desde luego a través de la óptica de la transparencia.
Para quienes aún no lo saben, las auditorías son verificaciones que permiten comprobar el cumplimiento de los objetivos fiscales, las cuales pueden ser internas o externas, además de estar destinadas a responsabilizar a los entes gubernamentales o fiscalizados y a los servidores públicos que realicen un indebido manejo de los recursos públicos que les han sido presupuestados para desempeñar sus funciones, claro está, que no todas las auditorías son malas, pero cuando ocurre lo contrario, entonces se cumpliría una de las funciones para las cuales fueron creadas.
Obviamente para los fines de la transparencia, la publicidad de los resultados de las auditorías es un factor clave, pues sólo así es posible observar el paradero de los recursos que son utilizados por los gobiernos y por los entes privados (conocidos también como personas morales de derecho privado) que osan por celebrar contratos millonarios con los gobiernos y que muchas veces se desconoce el destino de los recursos.
Curiosamente al abordar estos temas, tampoco pudo faltar la pregunta ¿Las auditorías contribuyen a la prevención e identificación de faltas administrativas y/o delitos que puedan ocasionar un posible desfalco al Estado? La respuesta no fue difícil, México cuenta con la Auditoría Superior de la Federación, cuyo objetivo primordial es fiscalizar la cuenta pública, además de contar con un gran cúmulo de atribuciones, entre ellos, el de presentar a la par del SNA proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, lo cual puede lograrse, a través de la transparencia.
Hace algunos años se publicó el libro denominado La Estafa Maestra, Graduados en Desaparecer el Dinero Público citando en uno de sus capítulos lo siguiente: “La Estafa Maestra tomó como punto de partida los informes de la Cuenta Pública de 2013 y 2014, en los cuales estaban ubicadas las dependencias y universidades implicadas, así como el nombre de las compañías subcontratadas. Sin embargo, éstas últimas no fueron investigadas por que la Auditoría carecía de facultades legales para auditar a privados. De este modo, La Estafa Maestra da el siguiente paso: seguir el rastro a las empresas. Las 186 compañías fueron buscadas en nueve fuentes de información oficial y en sus domicilios registrados en seis entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas…”.
Sin embargo, hoy en día la Auditoría Superior de la Federación, cuenta ya con facultades para fiscalizar directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el entendido que sus resultados deben ser publicados en términos de lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXIV de la LGTAIP.
En suma, la transparencia seguirá siendo el complemento para reforzar las auditorías, que, con sus resultados e informes, permitirán orientar a los órganos fiscalizadores el desarrollo de acciones de prevención que tengan como objetivo evitar la afectación o desfalco de los recursos públicos.
