En el fondo de la transparencia - LJA Aguascalientes
22/01/2022

Como parte de las primeras “Jornadas de compromisos de acciones Contra la Corrupción” organizadas por la Contraloría del Estado, me tocó acudir al Conversatorio denominado ¿Cómo afecta la corrupción a los derechos humanos? Tema abordado con gran cautela y objetividad por sus exponentes, la dra. Martha Elba Dávila Pérez y el dr. Fabian Salvioli –Relator Especial de los Derechos Humanos– quienes aportaron puntos de vista al tema en comento e ideas para la lucha contra la corrupción. 

Seguramente, la corrupción y la afectación a los derechos humanos, es mayormente observado por los ciudadanos que acuden a las oficinas gubernamentales a solicitar algún trámite o servicio, donde en algunos casos son víctimas de cohecho, sobornos o de licitaciones amañadas, pese a que los trámites y servicios son públicos, es decir, la forma en cómo se llevan a cabo, se encuentran publicados en los portales de transparencia de los sujetos obligados, por ende no tendría que existir corrupción en la realización de estos, pero la realidad es otra. 

De esta manera, un gran sentir ciudadano, es el toparse con servidores o funcionarios públicos, que les han expresado “ayúdame para ayudarte” “nos podemos entender de la manera más sencilla” lo cual claramente se traduce en cohecho, por ejemplo, ello ocurre cuando se pretende inscribir al niño o niña a una escuela pública, donde el director de la misma, pese a ser sabedor que la educación en México es gratuita, condiciona al pago de cuotas “voluntarias” que de no ser pagadas no permiten la inscripción de los menores, limitando así el derecho humano de acceso a la educación pública, que prevé el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Pero esto solo sucede en el tema de la educación, también se ha dicho, que este tipo de prácticas ilegales, son vistas en las instancias de Procuración o Administración de Justicia, pues a decir de los afectados, las autoridades les solicitan dinero a cambio de levantar una denuncia o para la realización de cualquier acto de investigación, vulnerándoles de esta manera el derecho humano de acceso a la justicia, contemplado en el artículo 17 de la CPEUM.

Otro tipo de conductas un tanto recurridas que fomentan la corrupción, es el soborno, que en su mayoría suele ser llevado a cabo por empresarios, donde abundan muchos ejemplos, pero el más representativos de ellos, ocurrió en la mina Pasta de Conchos, que registrara el fallecimiento de decenas de mineros, donde previo a este suceso, se había terminado un largo proceso de inspección (sic) por parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), con el fin de verificar que se cumplieran con las medidas de seguridad y salubridad, obteniendo así el dictamen correspondiente que acreditaba que la mina cumplía con todas las medidas correspondientes, sin embargo, días después la mina explotó. 

Dice el dicho, “piensa mal y acertarás” y seguramente se pudiera pensar que el o los inspectores de la STyPS recibieron algún tipo de soborno por parte del empresario para permitir que la mina siguiera trabajando aún y cuando contaba con evidentes problemas de seguridad y salubridad que desde luego tuvieron como consecuencia la explosión en la citada mina, cuya afectación a los derechos humanos, no puede ser vista de otra manera, si no es con la vida de los mineros quienes desafortunadamente quedaron atrapados en su interior. 

Otra actividad vinculada al soborno, se da con los evaluadores, recordemos que en México se mantiene un modelo económico que permite la construcción de proyectos y megaproyectos relacionados con energía hidráulica, eólica, minería, etc., y parte de esos procesos de construcción incluye la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental, que dicho sea de paso, dan pauta a que estos evaluadores reciban sobornos, con la finalidad de dictaminar que no existirán problemas de algún tipo, y así se logren satisfacer intereses económicos de los empresarios, generando así consecuencias muy claras en la afectación de los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas, en su caso. 

Por otro lado, hablar de las licitaciones amañadas, es hablar de la entrega de un contrato a una empresa para que pueda dotar al gobierno de determinados bienes, el cual no es entregado al mejor postor, es entregado al mejor soborno. En México se tienen documentados dos casos muy representativos, el primero de ellos, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, adquisición que derivó del otorgamiento del grueso de los contratos a una empresa constructora que obtuvo las mayores ventajas durante el tiempo que el entonces presidente Peña Nieto había sido Gobernador del Estado de México, lo que hace suponer que “regalos” de este tipo son producto del “pago” por el otorgamiento de contratos.

El segundo caso, relacionado con licitaciones amañadas corresponde a las empresas fantasma de Javier Duarte, donde los bienes y servicios que fueran contratados a través de licitaciones simplemente no fueron entregados, ya que nunca se dieron a conocer evidencias o documentos que constataran que estos servicios efectivamente fueron realizados, generando detrimentos a las partidas que se encontraban destinadas a los sectores más vulnerables en el Estado de Veracruz.

Es así, que tanto el cohecho, sobornos o licitaciones amañadas, entre otras figuras más ligadas a la corrupción, afecta a cualquier presupuesto que por muy acotado que parezca, obliga a que ante este tipo de malas práctica, los presupuestos se hagan más pequeños, lo que provoca tener menos jueces, maestros mejor preparados en las escuelas públicas, doctores, dicho de otra manera, se estará obstaculizando el debido cumplimiento del Estado a garantizar todos y cada uno de los derechos humanos, reconocidos en la CPEUM.

 

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