Hace cuatro meses se planeó hacer un recorte del 75% a los gastos de operación en los Centros Públicos de Investigación (CPI). Hace cuatro meses parte de la sociedad se movilizó en defensa de la investigación mexicana, de hecho, escribimos sobre esto en su momento. Hace cuatro meses, debido a las exigencias, la administración federal decidió frenar este recorte y dar fin a una política que ocasionaría graves retrocesos en la ciencia nacional.
A día de hoy, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para denotar las aportaciones de los CPI en las diferentes áreas sociales, culturales, económicas y políticas del país, nos encontramos en una situación similar: el 9 de septiembre Mario Delgado presentó una extensión de la iniciativa realizada en mayo en la que se propone eliminar un total de 109 fideicomisos. Esta iniciativa figura un riesgo aún mayor al presentado anteriormente, puesto que pone en vulnerabilidad no sólo a los Centros Públicos de Investigación, si no también a sectores enfocados en cultura, cine, seguridad, agricultura, periodismo, deporte y atención a víctimas.
Importancia de los fideicomisos
Muchos de estos fideicomisos sustituyen las aportaciones del Estado, son recursos propios. Al ser de dirección particular, estos recursos permiten a los centros de investigación y a las áreas que los poseen a administrar de una manera más eficiente los proyectos a realizar, pues económicamente no dependen ni de la variación presupuestal que se hace anualmente ni de los cambios exógenos que se puedan dar en la economía nacional; con esto, se da paso a la planificación de trabajos de largo plazo sin irrupciones externas.
Otra aportación a destacar de los fideicomisos es que se desmarcan del poder político. Al no ser recursos que provienen de manera directa de transferencias gubernamentales, si no que se generan por diversas fuentes, permite a los centros y sectores deslindarse de presunciones políticas y partidistas que podrían afectar los objetivos sociales de los proyectos.
El recurso para la politización
A pesar de que se ha denotado la importancia de los fideicomisos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han seguido la tendencia de su eliminación bajo dos argumentos: 1) que los fideicomisos se han utilizado sin control y al margen y 2) que los fideicomisos no se van a desaparecer, si no que se van a administrar de una forma diferente.
1) Los fideicomisos se han utilizado sin control y al margen. El Gobierno Federal ha dicho que estos fideicomisos no están sujetos a las normas ni a mecanismos de transparencia. No obstante, en el caso de los CPI, estos fideicomisos sí están sujetos a reglamentos, son auditables y se manejan de forma transparente. La información sobre los fideicomisos, de hecho, puede consultarse en las páginas de transparencia o información de los distintos CPI, como del CIDE, el CIMAV o el CIO. También puede consultarse la información sobre los fideicomisos, no sólo de los CPI, en el portal de consulta pública del INAI.
2) Los fideicomisos no se van a desaparecer, sino que se van a administrar de una forma diferente. Lo irónico de la propuesta es que no expone cuáles serán los mecanismos a implementar para entregar de forma directa los recursos de los fideicomisos, sólo se hace mención que las Secretarías se harán cargo de administrarlos. Ni una sola vez, ni en las discusiones en la Cámara ni en conferencias de prensa, se ha dado claridad sobre el proceso a seguir. Tanto Mario Delgado como el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se han limitado a comentar que estas acciones se están tomando como respuesta a la crisis sanitaria.
Esta iniciativa de reorientación de los recursos a manos del Poder Ejecutivo no tiene otro objetivo más que el control de los organismos y centros públicos. Esta acción política ha sido utilizada en otras áreas. La eliminación del programa de estancias infantiles fue uno de los primeros casos donde se utilizó la siguiente tendencia: se comentó que había irregularidades, se eliminó el programa y se argumentó que no desaparecería el apoyo, sino que se otorgaría de forma directa; ¿el resultado? Menos niños atendidos y madres sin apoyos.
Otro caso emblemático fue la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). La estrategia fue la misma, se argumentó que, debido a irregularidades, se daría sustento de forma directa a los emprendedores. ¿Qué ha pasado? No hay certeza de que el nuevo esquema esté funcionando, o que la corrupción haya disminuido, ni que exista un apoyo formal y directo por parte del Gobierno Federal a los microempresarios.
Se repite lo mismo con los fideicomisos: se discute corrupción y falta de control, se propone su eliminación pero se enfatiza que se seguirá dando apoyos directos; dada las experiencias pasadas ¿cómo resultará esta iniciativa para los sectores involucrados? Si este patrón político, de eliminar recursos e instituciones y sustituirlos por transferencias directas, se ha repetido a lo largo de la administración actual es dada su efectividad política.
Entonces ¿qué ha cambiado en cuatro meses? El único cambio que se ha dado por parte de la administración federal ha sido el discurso con el que demeritan a las personas que se benefician con estos recursos. Se pasó de argumentar que “no todos los que se dedican a la ciencia, cultura, investigación, academia son gentes conscientes” a “no estamos a favor de los privilegios y la corrupción, por eso está en proceso porque todavía está por aprobarse la cancelación de los fideicomisos”. Se pasó a utilizar el argumento simbólico base de esta administración que se ocupa cada vez que se desea obtener control de algo: la corrupción.
#ContraElAgandalle
Emiliano Huerta y Miguel Mojica
