La transparencia y el acceso a la información en México, nacieron con una clara vocación: el combate a la corrupción. Durante muchos años la información gubernamental había sido un coto privado al que sólo accedían unos cuantos, de esa forma no sabíamos, por ejemplo, cuánto ganaban los funcionarios o a quién se le compraba, por qué se le compraba y cuál era el destino de lo adquirido. El colmo incluso era que existían las llamadas partidas secretas, recursos de libre disposición y sin ninguna obligación de rendir cuentas.
La grave corrupción que privó durante las últimas décadas del siglo pasado, comenzó a menguar a raíz desde que se creó la primera ley de transparencia desde el 2002: a partir de ahí, el acceso a la información a evolucionado hasta constituirse hoy en día en una materia general que obliga a todos los órdenes de gobierno a cumplir con las obligaciones correspondientes.
¿Cómo accedemos hoy a la transparencia? Por dos vías, uno revisando las obligaciones públicas de transparencia, es decir un conjunto de 49 rubros que todos los entes gubernamentales tienen que mostrar en los sitios web: salarios, licitaciones, contratos, compras, organigramas, leyes, auditorías y un largo etcétera. Si esto no es suficiente o es abrumador (la enorme cantidad de registros puede perder al ciudadano común y corriente) podemos preguntar directamente, es decir, hacer la solicitud a través de la unidad de transparencia.
Durante 17 años que tiene la transparencia, se han fortalecido estos dos mecanismos, cerrando cada día las brechas donde la autoridad se podía escudar para no informar: se limitaron o casi eliminaron las causas de reserva; se establecieron procesos expeditos de revisión; se permitió el total anonimato de los solicitantes al menos hasta el recurso de revisión o inconformidad; y se creó una Plataforma Nacional de Transparencia que ha homologado el acceso desde cualquier parte del mundo, en este sentido, se está llevando el derecho a una auténtica universalidad.
¿Qué sigue? Porque pareciera que, como lo he esbozado, la transparencia está perfecta o acabada, hay muchos pendientes en realidad: resolver el problema de la brecha digital, porque se ha bosquejado el acceso a la información desde el internet, pero no todos los mexicanos cuentan con él; aumentar el uso de las plataformas, ahí están pero es mínima la cantidad de solicitudes, por ejemplo, el año pasado en nuestro estado solo tuvimos cerca de diez mil solicitudes, o sea, ni el 1% de los ciudadanos preguntó algo; disminuir los requisitos procesales, pues aún jugamos con las reglas jurídicas como sobreseimiento o desechamiento, que son eminentemente técnicas y escapan muchas veces al ciudadano común que no es abogado.
Yo me centraré, el resto de mi charla en otro problema y una propuesta: la veracidad de la información. Y es que, en principio, lo que suban los entes gubernamentales a sus portales o lo que le contesten al ciudadano, nosotros, el órgano garante, tenemos que creerlo, y aquí surge un problema: qué pasa cuando mienten los entes. Como organismo garante, tenemos el criterio de que, cuando tenemos elementos para presumir la falsedad, revocamos y ordenamos dar certeza al ente. Sin embargo, en ocasiones, el ciudadano impugna la veracidad, pero no hay algún elemento, entonces tenemos que creerle al ente.
Y aquí quiero hacer una propuesta: la necesaria coordinación con los entes de fiscalización, porque muchas de las veces revisamos los formatos, la información, y no tenemos elementos para el tema de veracidad, se necesita que las contralorías revisen esa parte. Pongo un ejemplo que es extremo y que nos ilustra en esta problemática: hay un municipio que en la información pública reporta que, en los últimos tres años no ha realizado ni un sólo proceso de compra, y tampoco un sólo contrato. Esto es obviamente falso, en principio le creímos, pero recientemente hemos iniciado de oficio una revisión para corregir esta mala práctica.
Cierro haciendo hincapié, en que esto lo detectamos porque es muy obvio, muy descarado ¿Qué pasa cuando sólo omiten una parte de la información? Pues no podemos detectarlo, entonces tal vez es buen punto para que el Sistema Estatal Anticorrupción coordine los esfuerzos, digo, ese es su punto coordinar, y aquí nosotros como ITEA tenemos una debilidad que, necesitamos fortalecer y la única vía que observo es justamente la ayuda del resto de los miembros del SEA. Ojalá que en lo futuro se hagan más ejercicios como esta mesa, con más intervención del resto de los participantes del SEA.
