Por órdenes de un juez Gabriela Espinosa es aún presidente del STJEA
- Se amplió la demanda de amparo
- Ordena al Consejo de la Judicatura Estatal no expedir convocatoria
Por órdenes de un juez de Distrito, Gabriela Espinosa Castorena permanece como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, al otorgar la suspensión provisional dentro del Juicio de amparo, este va en contra del decreto del Legislativo que ordenaba al Poder Judicial emitir una convocatoria para destituir a la magistrada luego de no aprobar su continuidad en el cargo.
Esta suspensión provisional emitida por la federación contempla tres principales efectos: Se ordena al Consejo de la Judicatura Estatal el no expedir nueva convocatoria para magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia estatal que pretenda ocupar el lugar de Espinosa Castorena; se ordena también al pleno no elegir una nueva dirigencia y se mandata la no separación de la aún magistrada presidente como magistrada numeraria hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables como es la Comisión de Justicia del Congreso del estado, la Secretaría General de Gobierno, al pleno del STJE y al Consejo de la Judicatura sobre la suspensión definitiva, y que la semana entrante se llevará a cabo la audiencia constitucional
El juez de distrito consideró la ampliación de la demanda de amparo presentada por la magistrada luego de que el Legislativo retrasara la definición de su permanencia o no como numeraria.
Cabe recordar que el periodo como magistrada numeraria de Gabriela Espinosa vencía el 21 de noviembre, y si bien su nombramiento como presidenta contempla hasta el 2022, era necesario que se ratificara su puesto i como magistrada, cuyos periodos son de 15 años y en esta ocasión inicial por la mayoría de los diputados local, lo cual no sucedió, con base a una evaluación realizada por la Comisión de Justicia, misma que determinó el sentido negativo en torno a la reelección de la magistrada, sin considerar el dictamen ya emitido por el pleno de la Judicatura estatal, la cual había avalado la permanencia de la jurisconsulta de manera unánime, incluyendo los representantes del Poder Legislativo
