APRO/Carina García
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) amplió para 2021 la obligación de los partidos a postular a las diputaciones federales candidatos que se auto reconozcan como indígenas: de 13 a cuando menos 30, y nueve de ellos deberán ser por la vía plurinominal.
Además, se ordenó a los partidos que candidatas mujeres encabecen tres de las cinco listas de representación proporcional, una por cada circunscripción electoral en que se divide el país.
En las elecciones de 2018 los partidos estuvieron obligados a postular candidatos a diputados federales indígenas en al menos 13 distritos de mayoría.
En el acuerdo aprobado hoy para el registro de candidaturas se estableció que deberán ser cuando menos 21 en los 28 distritos en que está dividido el país, y en los que al menos 40% de la población es indígena.
De esas 21 candidaturas al menos 11 deberán ser para mujeres.
Adicionalmente deberán registrar nueve fórmulas de candidaturas indígenas (propietario-suplente) en las cinco circunscripciones en que se divide el país, y cuando menos una de esas postulaciones deberá ser en los primeros 10 lugares de la lista de candidatos por la vía plurinominal.
En cada una de las circunscripciones 1, 2 y 5 deberán postular por lo menos una fórmula de candidaturas indígenas.
En la circunscripción 3 (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) deberán registrar cuatro candidatos en términos paritarios, y en la 4 (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México) dos candidaturas, un varón y una mujer, todos auto adscritos como indígenas.
En todos los casos no bastará que una persona se diga indígena, sino que deberá acreditarse el vínculo del candidato o candidata con su comunidad, entre otros elementos, con pruebas como haber participado en la organización o ser representante o miembro de alguna comunidad o asociación indígena.
La decisión fue cuestionada principalmente por los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).
Mariana de la Chica, representante del PAN ante el INE, advirtió que su partido apelará ante el Tribunal, pues el Instituto se excede en el ejercicio de sus atribuciones al pretender eliminar las diferencias entre las fuerzas políticas y el tipo de ciudadanos a quienes representan.
Al introducir requisitos y categorías distintas y pretender ahora candidaturas étnicas de representación proporcional, se buscan “cuotas de representación a pueblos indígenas como si de reservas indias se tratara”, dijo la panista.
Añadió: “No pueden imponer perfiles como si fueran vacantes… si fuera así los invitamos a establecer esos perfiles en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)”.
Incluso destacó como ejemplos las candidaturas panistas de Florentina Salamanca, mazahua, presidenta municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México, y Eufrosina Cruz, zapoteca, exdiputada local y federal, mencionadas en el debate por José Antonio González, de Fuerza Social, quien después matizó que ambas ocuparon sus cargos pese al PAN: la primera tuvo que luchar ante el Tribunal Electoral y la segunda fue expulsada del blanquiazul.
Ernesto Guerra, representante del PES, advirtió que los partidos ya cumplieron con dar 13 candidaturas de mayoría para este sector de la población. “Ya está representado, ¿por qué ahora una acción afirmativa en el bloque de representación proporcional? Se está extralimitando (el INE) en esta acción afirmativa”.
Por Movimiento Ciudadano (MC), Juan Miguel Castro Rendón demandó que se consulte a los pueblos indígenas, como ha ordenado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cada vez que sean afectados por alguna decisión.
En los acuerdos aprobados se determinó, además, que para validar el registro de una candidatura se valorará que el aspirante no esté inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Descartan más cuotas
También se acordaron reglas para garantizar que todos los partidos dividan en bloques de competitividad (alto, intermedio y bajo) los 300 distritos electorales y postulen al menos 50% de candidaturas femeninas, en tanto que las sustituciones no afecten el derecho de las mujeres que puedan competir en condiciones de equidad.
Los consejeros no aprobaron la obligación de los partidos a postular al menos a un candidato con alguna discapacidad en cada una de las cinco circunscripciones, como propuso la consejera Adriana Favela.
Tampoco se avaló, como propuso el consejero Ucc Kib Espadas, que las candidaturas indígenas pudieran registrarse en 13 distritos, como en 2018, pero 11 candidaturas más en el resto del país, no necesariamente en los distritos con presencia indígena.
