En los tiempos de la Cuarta Transformación perdura la vieja práctica priista que convierte las estructuras de programas sociales en plataformas electorales.
Así, siete de los delegados de Bienestar –también llamados “superdelegados”– ya presentaron sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir por las gubernaturas de los estados donde administraron respectivamente los programas en los últimos dos años.
Después de separarse de su cargo, Víctor Manuel Castro Cosío se alistaría como candidato para Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva buscaría el gobierno de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa se presentaría en Chihuahua, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros pelearía por Guerrero, Lorena Cuéllar Cisneros se lanzaría en Tlaxcala y Manuel Peraza Segovia buscaría el poder en Nayarit.
Aparte, Hugo Éric Flores Cervantes, el fundador del Partido Encuentro Social (PES), renunció a su cargo de superdelegado en Morelos para presidir su organización política –que acaba de recibir su registro como partido, con todo y una bolsa de recursos públicos de más de 169 millones de pesos para 2021–, y el superdelegado Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de ser gobernador de Michoacán, aunque hasta el momento permanece en su puesto.
Con el precedente de Jaime Bonilla Valdez –quien fue superdelegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena–, la reciente ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.
No es sorpresa: aparte de su amistad de dos décadas con López Obrador, García Hernández es un profesional de las elecciones: fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente, en 2012 coordinó la campaña del tabasqueño, y antes de las elecciones de 2018 era secretario de Organización de Morena, con lo que supervisó toda la estructura del partido en vistas a los comicios.
Todos los “superdelegados” también tienen perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, algunos fueron candidatos a gobernadores –como Delfina Gómez, en el Estado de México–, muchos son o fueron legisladores federales, y algunos llevan amistades añejas con López Obrador.
Aparte, López Obrador y García Hernández ofrecieron a estos “superdelegados” las herramientas necesarias para asentar su poder: unos salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos; una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”–, y una fuerte exposición mediática, derivada de la operación de los programas sociales y del respaldo popular a López Obrador.
El presidente dejó claro que su interés principal en materia de política social es que los beneficiarios de los programas reciban los recursos de manera directa, es decir, a través de las llamadas “tarjetas del Bienestar” y sin intermediarios que cobren “comisiones” de por medio. Pero el mandatario no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas.
En la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2019, por ejemplo, se le sugirió que sustituyera los delegados por “verdaderos ciudadanos que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales”; inmediatamente, el mandatario reviró que “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás”.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías al frente de programas sociales también sirvieron de “trampolín” electoral para una serie de funcionarios, así como de delegados estatales y locales, y el propio José Antonio Meade Kuribreña aprovechó su breve estancia en la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para impulsar su candidatura presidencial de 2018.
Desde el arranque de la administración de López Obrador hasta la fecha, el papel formal de los delegados de Bienestar ha sido ambiguo.
En julio de 2019, García Hernández y María Luisa Albores González –entonces titular de la Secretaría de Bienestar– publicaron lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que les confirieron facultades amplias y vagas, como “apoyar en el combate efectivo a la pobreza, conforme a las instrucciones que reciban de la Coordinación General y de la Secretaría”, o “atender las políticas e instrucciones de la o el Titular de la Secretaría y de la Coordinación General”.
Formalmente, los superdelegados tienen que administrar el padrón de beneficiarios, “coordinar e implementar” los programas, pero también “recibir las demandas y peticiones de la población que se relacionen con los programas”, “brindar asesoría”, y “vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie (…) se entreguen de manera directa”.
Los delegados y las estructuras que encabezan responden a García Hernández, pero formalmente están adscritos a la Secretaría de Bienestar, y más particularmente a la Unidad de Delegaciones, dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también experta en la operación electoral, pues fue diputada federal y en los comicios de 2018 fue comisionada de Elecciones en Morena.
Si bien las áreas centrales de la Secretaría de Bienestar no tienen control real sobre la estructura de los delegados, López Obrador dejó a la dependencia y a su titular, Javier May Rodríguez, la gestión del programa Sembrando Vida, particularmente enfocado al sureste mexicano y dotado de un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos este año.
May, amigo de López Obrador, es empresario ganadero y cacique político en su bastión de Comalcalco, en Tabasco. El hombre, titular de un bachillerato, es senador con licencia –fue señalado por contratar a su esposa en el recinto legislativo– y fue presidente de Morena en Tabasco; se le atribuyen ambiciones de ser gobernador de Tabasco en 2024.
A principios de octubre, López Obrador mandó a May a Tabasco con el pretexto de atender a las personas afectadas por las inundaciones y entregarles apoyos federales de 10 mil 500 pesos, lo que partidos de oposición local, como el PRI, señalaron como una maniobra en vistas a 2024. El propio gobernador, Adán Augusto López Hernández, lo cubrió de elogios, y en entrevista con el medio local Telereportaje, May no descartó una futura candidatura. “Vamos a ver, pero falta mucho tiempo”, dijo.
Sea como sea, May tiene bajo control a los principales puestos de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, excepto la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dirigida por Ariadna Montiel Reyes. May entregó, por ejemplo, cargos clave a cuatro de sus socios en empresas –La Melcocha y Agroproductos El Tintal–, que ya habían trabajado para él en la Presidencia Municipal de Comalcalco.
Más allá de los funcionarios en las oficinas centrales, May dirige a los delegados de Sembrando Vida en los estados. Si bien varios de ellos tienen perfiles más técnicos y menos políticos que los “superdelegados”, algunos destacan por sus perfiles atípicos, como Dalila Rosas Medel, delegada en Palenque, Chiapas, quien es suplente de la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente López Obrador.
