Retos en la implementación de la Reforma de Violencia Política contra las mujeres - LJA Aguascalientes
02/02/2023

El año 2019 marcó, en nuestro país, uno de los avances más significativos en el reconocimiento de los derechos ciudadanos y políticos de las mexicanas al concretarse la reforma a la constitución política que asegura que, en todos los órganos de gobierno, la mitad de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, este logro, por sí solo, no es suficiente. A pesar de existir mayores posibilidades para ocupar espacios públicos, las mujeres aún padecemos violencia política en razón de género, lo cual evita nuestro libre e integral desarrollo en espacios de esta naturaleza.

Es notable el esfuerzo que se ha realizado, en nuestro país, por crear el andamiaje jurídico que permita crear una ruta segura para hacer frente a este grave problema: en febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, en la misma tónica, diversas normas en Jalisco fueron reformadas con el objeto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Con este robusto marco normativo, el reto más grande que enfrentamos es el de capacitar a todo el funcionariado público sobre las acciones y conductas que vulneran y generan violencia política contra las mujeres, porque lamentablemente estas acciones y conductas aquejan y vulneran al sector femenino en nuestro país. 

Adicional a esta necesaria capacitación, y para conseguir resultados favorables en torno a la disminución de este tipo de violencia, resulta ideal el que se pueda establecer una norma técnica, aplicable en toda la República (tal como sucede con Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos y al Catálogo de Delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)) que permita generar estadísticas compatibles con otros organismos nacionales e internacionales sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género y que se ponga a disposición de la población en datos abiertos. 

Desde nuestra perspectiva de órgano garante, en materia de transparencia y acceso a la información; se debe establecer como información pública de oficio -específicamente descrita entre las obligaciones de la Ley de Transparencia para los sujetos obligados a los que corresponda- la generación de la Base Estatal de Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con la finalidad que el ITEI pueda tener atribuciones para verificar su cumplimiento, y para que, en caso de que no sea así, sea posible requerir su publicación y/o actualización. 

En el caso Aguascalientes, la violencia política de género, ha sido motivo de inclusión en importantes reformas legislativas, tal es el caso de las más recientes en el Código Electoral del mes de Junio de 2020, entre las que se destacan medidas de reparación integral, tales como: indemnizaciones, la restitución en candidatura o cargo, disculpa pública y medidas de no repetición. De igual forma se establecen modificaciones en cuanto al presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político en las mujeres. 

Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Aguascalientes, define la violencia política de género como cualquier acción u omisión contra la mujer, que basada en su sexo, tenga por objeto limitar, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos; o bien afectar la equidad en los procesos electorales locales donde participen. De lo anterior se colige que esta violencia se encuentra dentro del ámbito de tutela y sanción por parte de los órganos del Estado con todas sus consecuencias.

Ahora bien, al no contar con una obligación pública oficiosa la generación de la base estatal de casos de esta violencia, ni en Aguascalientes ni en Jalisco (Estados a los que pertenece nuestra función de Comisionadas de Transparencia), sin embargo y toda vez que existen dentro de las obligaciones públicas, las relativas a estadísticas e informes por parte de todos los sujetos obligados, ello representa un área de oportunidad para hacer consultas que tengan que ver con la temática, y es deber de las dependencias públicas darles respuesta para conocer la situación que guarda esa problemática de gran interés. 

En conclusión, aunque existen avances en el entramado normativo; también se vuelve de sumo necesario contar con la voluntad de todas y todos quienes laboramos en el servicio público, para frenar las prácticas antisociales y antijurídicas que se presentan dentro y fuera de nuestras instituciones que violentan a las mujeres y con ello, impiden el pleno ejercicio de sus derechos y su libre desarrollo profesional. 

Los hombres, sus derechos y nada más. Las mujeres, sus derechos y nada menos


Susan B. Anthony

Brenda Macías y Cynthia Cantero

 

 


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