Ante la caída de los ingresos públicos registrada en los primeros nueve meses de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó en contraer deuda para inyectar recursos en la economía, y prefirió agudizar las ya importantes medidas de austeridad que impulsó desde su llegada al poder: recortó 165 mil millones de pesos al gasto asignados a sus principales programas, partió a la mitad los recursos destinados a obras y adquisiciones para este año, y entregó a los gobiernos estatales 155 mil millones de pesos menos que en 2019.
El gobierno de la Cuarta Transformación aplicó sus tijerazos multimillonarios de manera casi homogénea en el gasto público. Ni los programas sociales ni las instancias de derechos humanos; mucho menos las entidades federativas se salvaron, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2020, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, hubo excepciones destacadas: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvieron fuertes incrementos presupuestarios –igual que la Secretaría de Economía, que destinó cerca de 30 mil millones de pesos al programa de créditos a microempresas familiares para atender la urgencia causada por el covid-19–, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Energía (Sener) y los fondos destinados al Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico quedaron intocados.
La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que López Obrador tachaba de organismos inútiles en el arranque de su sexenio– recibieron montos muy superiores a los presupuestados, mientras que la Lotería Nacional, que organizó la polémica “rifa” por el precio del avión presidencial, recibió este año 2 mil millones de pesos no contemplados en el presupuesto 2020.
Esto no fue el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Mujeres, o la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, todas ellas sufrieron “adecuaciones presupuestarias” a lo largo del año, que les quitaron entre 18% y 44% de sus asignaciones.
El sector de la salud pública, en primera línea de la lucha contra el covid-19, vio un recorte brutal al presupuesto asignado a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud –de 44%– y ahorros en prácticamente todos los demás rubros, mientras que 55 mil millones de pesos fueron reasignados hacia el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, manejado por el Instituto de Salud para el Bienestar.
Además de los recortes al gasto programado, las dependencias del Gobierno Federal realizaron un subejercicio casi sistemático del gasto público, por un monto total de 202 mil 558 millones de pesos, según la SHCP.
Así, entre enero y septiembre, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas gastó apenas la mitad del presupuesto que tenía asignado; la Secretaría de Bienestar se quedó con 16% de los recursos que debió entregar a través de sus programas sociales –equivalente a cerca de 26 mil millones de pesos–, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –ya castigada en presupuesto– se quedó con un subejercicio de 11%.
Según el informe de la SHCP, los subejercicios, muestras de una planeación deficiente, se observaron incluso en algunos de los proyectos de mayor importancia para la Cuarta Transformación. Así, si bien el presupuesto del Tren Maya no sufrió ningún recorte, el megaproyecto dirigido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo había gastado apenas 5 mil millones de pesos entre enero y septiembre, un 40% del monto que debió haber ejercido en ese momento.
En medio de este contexto de ahorros generalizados, algunas dependencias dirigidas por personas cercanas a López Obrador no siguieron la regla y gastaron más de lo asignado. La cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, gastó 865 millones de pesos extras por “la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, tuvo un gasto de 260 millones de pesos no programado, a pesar de que el presente año resultó muy caótico para el organismo autónomo, y la labor de su titular fue cuestionada por víctimas y defensores de derechos humanos.
El INM, encargado de detener y deportar a los indocumentados en la frontera sur de México para evitar que lleguen a Estados Unidos –derivado del acuerdo que el gobierno de López Obrador y el de Donald Trump pactaron en junio de 2019–, también reportó un gasto extra de mil 278 millones de pesos este año.
El proyecto de presupuesto 2021 elaborado por la SHCP contempla un nuevo recorte de 108 mil millones de pesos a los estados y municipios y 2 mil 184 millones de pesos menos a los organismos autónomos.
Al parecer, en lo que va del año la Fiscalía General de la República (FGR) ya se había preparado para el recorte, pues reportó un subejercicio de 3 mil 343 millones de pesos entre enero y septiembre, debido a “menores erogaciones en el gasto de operación”; respecto al año pasado, la FGR gastó mil 500 pesos menos, debido a la “disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal, y delitos relativos a la delincuencia organizada”.
