Gobierno Federal ha pagado 185 millones para la subcontratación de al menos 1,500 trabajadores de limpieza - LJA Aguascalientes
20/05/2022

  • Limpian palacio nacional trabajadores contratados por empresa ubicada en mini departamento habitacional

 

El gobierno del presidente López Obrador subcontrata personal de limpieza mediante compañía que se ubica en un modesto inmueble en Iztacalco donde no los conocen. Ese proveedor, que nunca antes había obtenido contratos públicos ni se dedicaba al giro de la limpieza, cuenta además con denuncias ante el IMSS por no dar las debidas prestaciones a los afanadores

El actual Gobierno Federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos 1,500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

Entre 2019 y 2020, Decoaro ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes. Nunca antes había tenido asignaciones públicas.

Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del interior de Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha condenado en forma reiterada la subcontratación de empleados a través de outsourcing porque considera que es un mecanismo de explotación laboral, en el que los patrones se deslindan de sus responsabilidades.

En el contrato firmado el 3 de marzo de 2020 por la Presidencia de la República, ésta aceptó que Decoaro le pagara un sueldo de 123 pesos diarios a los trabajadores de limpieza de Palacio Nacional –que corresponde al salario mínimo oficial– además de deslindarse de cualquier vínculo laboral con los afanadores.

“El proveedor reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a la Oficina de la Presidencia, respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social”, se lee en la cláusula décima segunda del contrato, obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La empresa de outsourcing Decoaro asignó 31 empleados para la limpieza del interior de Palacio Nacional y de otros seis inmuebles que la Presidencia de la República tiene en avenida Constituyentes, en la colonia Roma, en la calle República de Guatemala y una mansión que perteneció a Manuel Ávila Camacho en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan.

La Presidencia se comprometió a pagar en 2020 a dicha empresa 7 millones 472 mil pesos por la subcontratación de los afanadores.


Francisco Javier Martínez Estrada, subdirector de Servicios Generales de la Presidencia y uno de los firmantes del contrato, aseguró que Decoaro ha ofrecido sin mayor problema el servicio de limpieza, el cual concluye en diciembre de 2020.

MCCI buscó a los dueños y al representante legal de la empresa, pero no se les localizó ni en los domicilios ni en el teléfono que aportaron a la Presidencia.

Decoaro se dedicaba originalmente a servicios de construcción y cambió al giro de limpieza en los meses previos al inicio del actual gobierno federal. En las anteriores administraciones no había recibido ni un peso en contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

 

Acumula $185 millones en contratos

El domicilio de Decoaro en un departamento de Iztacalco contrasta con los millonarios contratos que ha recibido de parte de la actual administración federal.

Entre 2019 y 2020 ha recibido al menos 24 asignaciones de contratos por más de 185 millones de pesos para la limpieza de inmuebles federales.

Además de la Presidencia, los afanadores subcontratados por Decoaro dan servicio de limpieza en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en al menos 15 estados; en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en 7 estados del sur; en inmuebles de la Fiscalía General de la República en 5 entidades, en el puerto de Lázaro Cárdenas, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en las instalaciones de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores en la capital del país.

El mayor monto de los contratos fue asignado por el SAT, que en 11 contratos se comprometió a pagar 102 millones de pesos a Decoaro.

En cada uno de los contratos, las distintas dependencias se deslindan de cualquier vínculo laboral con los afanadores que son subcontratados. Por ejemplo, en la cláusula décimo sexta de responsabilidad laboral, el contrato de la FGR aclara:

“Queda expresamente estipulado que el proveedor será responsable única y directamente ante el personal que ocupe para la prestación de los servicios y por lo tanto, en ningún momento se considerará a la Fiscalía como patrón sustituto no tampoco a el proveedor como intermediario por lo que la fiscalía no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad en materia de trabajo y/o seguridad social, obligándose al proveedor a responder de cualquier acción legal que se pudiera presentar en contra de la Fiscalía por este concepto”.

 

La denuncian ante el IMSS

En los contratos firmados con el Gobierno federal, Decoaro y Supervisión se ha comprometido a proporcionar al menos 1,500 empleados de limpieza con todas las prestaciones de ley. Tan sólo en 5 asignaciones del SAT suman 868 afanadores subcontratados.

Sin embargo, la empresa ha sido acusada ante el IMSS por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación y Limpieza por supuestamente no cumplir con sus obligaciones laborales.

Decoaro fue constituida el 8 de enero de 2009 en la Ciudad de México con dos objetos sociales principales:

  1. a) La realización y ejecución de toda clase de estudios, trabajos, proyectos y supervisión en el ramo de la ingeniería y arquitectura y en general de la industria de la construcción, incluyendo la remodelación y mantenimiento, así como coordinación de los mismos.
  2. b) La fabricación y comercio en general de toda clase de muebles de madera, tela, metal, fibras de vidrio para el hogar y oficinas, así como de todo lo relacionado con herrería, carpintería y decoración de interiores, suministro y fabricación de mobiliario, artículos decorativos, accesorios para baño, importación y exportación de artículos para acabados y decoración.

El 11 de julio de 2018 se amplió el objeto social de la empresa a la prestación de servicios de mantenimiento, limpieza y reparación en toda clase de inmuebles. En aquella fecha se nombró apoderado y representante legal a Gonzalo Arrevillaga Falcón, que es quien ha firmado todos los contratos con el gobierno federal.

Paga salario mínimo a afanadores de la Presidencia

El contrato de limpieza de la Presidencia de la República con Decoaro fue formalizado el 3 de marzo de 2020, por un monto máximo de 7 millones 472 mil pesos y con vigencia hasta el 31 de diciembre.

En su propuesta económica, Decoaro ofreció pagar 123 pesos diarios a cada afanador u operario, monto que corresponde al salario mínimo.

El salario integrado se eleva a 132 pesos diarios con el pago de prestaciones.

En el contrato se incluye la aplicación de una pena del 1% del monto total de las facturas, en caso de que el proveedor no entregue bimestralmente a la Presidencia el comprobante de las cuotas obrero patronales.

En otras dependencias federales en las que también obtuvo contratos, Decoaro ofreció pagar mejores sueldos que en la Presidencia.

Por ejemplo, en el SAT de la zona metropolitana de la Ciudad de México, el salario diario integrado de los afanadores es de 207 pesos diarios y en el SAT de Nogales es de 244 pesos.

La presidencia invitó a cotizar a empresa fantasma

El procedimiento de asignación del contrato de limpieza fue bajo la modalidad de “invitación a por lo menos tres proveedores”.

Entre las empresas que la presidencia invitó a enviar cotizaciones estuvo Limpieza y Mantenimiento Xielsa SA de CV, la cual desde el 19 de noviembre de 2019 había sido incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes, también identificadas como empresas “fantasma” o “factureras”.

El SAT incluyó el pasado 29 de junio de 2020 a esta empresa en su listado definitivo de simulación de operaciones.

Otras seis empresas invitadas a este procedimiento enviaron cotizaciones para tratar de obtener el contrato: Decoaro, Gott und Glück, Kamej, Likhom Services, Racso Proyectos Industriales y Tecnolimpieza Delta SA de CV.

Todas las propuestas cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, pero se eligió a Decoaro por haber presentado la cotización más baja por empleado subcontratado.

La crítica de AMLO al outsourcing

El 12 de noviembre de 2020, cuando presentó una iniciativa de ley contra el outsourcing, el presidente López Obrador calificó esa modalidad de subcontratación “como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año, masivamente, y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades”.

Ese mismo día dijo que, además, el fenómeno de la subcontratación “está relacionado con empresas fachadas, empresas factureras, que evaden impuestos y defraudan al fisco y evaden las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Días antes, el 27 de octubre, el presidente dijo que la práctica del outsourcing afecta al trabajador y a la hacienda pública, además de que se fomenta la corrupción.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, añadió en la conferencia mañanera de ese día.

 

 

Raúl Olmos, Alejandra Barriguete y Valeria Durán|Méxicanos contra la Corrupción

 


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