- De una reducción por “error de dedo”, la Dirección General de Servicios Consulares de la Cancillería terminó ejerciendo más de mil 500 millones de pesos en 2019, por lo que el Órgano Interno de Control exige cuentas.
Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, también se hizo presente la austeridad en el gasto federal. La Dirección General de Servicios Consulares (DGSC) de la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard parecía ser de las más afectadas en primera instancia, pues en 2019 se contemplaba un recorte en su presupuesto de 82% respecto al de 2018.
Pero al final no fue así, sino todo lo contrario. Ahora tiene que aclarar la extensión de presupuesto de 3,637% en 2019, si se toma en cuenta el gasto aprobado, suma que estuvo envuelta en polémica por lo reducida.
Una observación en la auditoría realizada este año por el Órgano Interno de Control (OIC) de la SRE señala que dicha dirección aumentó su presupuesto aprobado para su operación en 2019, de 42 millones 27 mil 439 pesos, a mil 570 millones, pero ejerció un poco más (mil 588 millones de pesos).
“De la información proporcionada y consultada en el portal de transparencia, se concluye que la Dirección General de Servicios Consulares no realizó una adecuada programación y presupuestación de las previsiones de gasto público para cubrir los gastos de operación en los que incurriría en el ejercicio 2019”, refiere la auditoría.
Ante esto se le requirió a la DGSC información y documentación complementaria, pero para sorpresa del OIC la respuesta fue que la dirección desconocía el detalle de la información. Según esta, los recursos asignados son ejercidos por las Direcciones Generales del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, así como de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales.
Entonces le pidió a la OIC que dirigiera su petición a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), ya que esta es la responsable de reportar a la Secretaría de Hacienda los informes de cierre de Cuenta Pública.
Además, la DGSC dice que los recursos de la ampliación del presupuesto no le corresponden del todo, pues está vinculada con el programa “Atención, protección, servicios y asistencia consular”.
Sin embargo, la OIC reviró que, para que conozca dicho detalle de las adecuaciones, ya que es la unidad responsable, en todo caso debe realizar el análisis en coordinación con la DGPOP.
“La DGSC deberá proporcionar copia de: el resultado del análisis; así como de los mecanismos de control y supervisión establecidos que aseguren que en lo subsecuente esta DGSC lleve un seguimiento puntual del ejercicio de su presupuesto asignado como Unidad Responsable”.
Al final no se sabe el destino del gasto que se amplió y se ejerció en 2019.
Página 7 de las observaciones del Órgano Interno de Control.
¿UN ERROR?
El canciller Marcelo Ebrard desde un principio calificó como un “error de dedo” de la Secretaría de Hacienda que sólo se le hayan destinado solo 42 millones de pesos a la DGSC en 2019, toda vez que en 2018 se le dio más de 235 millones de pesos.
“Lo vamos a corregir…. Lo que pasa es que hay una reducción de 80 por ciento, es mucho, no existe en ninguna otra oficina, entonces supongo o suponemos que es un error de dedo, la verdad, porque 85 por ciento es casi desaparecer (a los consulados)”, se lee en reportes de medios nacionales.
Pero aun considerando los 235 millones de 2018, la extensión que se hizo y lo ejercido, lo superan por mucho.
Lo cierto es que el “error” que señaló el canciller vino desde el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y así se aprobó.
A un mes de la declaración de Ebrard, los consulados mexicanos en Estados Unidos denunciaron, en enero de 2019, que no les estaban llegando los recursos para poder operar, no se les había dado autorización para ocupar lo que correspondía al presupuesto de ese año y lo que todavía quedaba de 2018.
La Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior mandó un comunicado a la DGPOP de la SRE para preguntar cuándo podrían hacer uso de esos recursos, de acuerdo con una nota del Universal.
UNA PROMESA
A principios de este 2020, AMLO aseguró que se va a mejorar mucho el servicio en los consulados. “Queremos que los consulados actúen en el marco de la legalidad, el derecho internacional, como una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Entonces, ahora le estamos pidiendo a los embajadores, a los cónsules que se apliquen más, que nos ayuden más, que no se malgaste el dinero del presupuesto, y están haciendo una muy buena labor”.
Esto ha sido un compromiso que hizo López Obrador desde campaña, pues prometió convertir los consulados en procuradurías que den servicios de calidad y defiendan a los mexicanos migrantes y dijo que acabaría con la corrupción.
El año pasado, cuando Ebrard presentó la Estrategia de Protección a Migrantes en Estados Unidos, señaló que se reduciría el gasto en las residencias de los cónsules y se invertiría más en los consulados.
Apenas en diciembre pasado, una investigación de Contralínea apunta que los sueldos de los 150 embajadores y cónsules llegan a pasar de los 300 mil pesos al mes, ganando más que el presidente. Según sus hallazgos, se les paga también renta de casas y departamentos de lujo, viajes, seguros y colegiaturas de sus hijos. Destaca el caso de Isabel Arvide, que sin experiencia fue nombrada cónsul de Turquía, con un sueldo que ronda los 192 mil pesos.
OTRAS OBSERVACIONES
Además de la falta de detalle en la ampliación del presupuesto de 2019 de la DGSC, la auditoría del OIC menciona que falta evidencia que acredite la competencia de servidores públicos de dicha dirección.
Puntualiza que, del análisis a los 25 expedientes originales del personal –11 plazas SEM (Servicios Exterior Mexicano) y 14 plazas de estructura– que ocupa los puestos, se determinó que, en ocho casos, no se localizó en el expediente la totalidad de los requisitos establecidos en el formato para la descripción y perfil de puestos de la Administración Pública Federal (APF).
Y en diez casos no se identificaron los nombres y firmas en el “Formato para la descripción y perfil de puestos de la APF”.
Por otra parte, el OIC detectó que los indicadores cuyo cumplimiento se encuentra directamente a cargo de la DGSC, su diagnóstico no se hizo con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, “toda vez que, para el seguimiento de los indicadores durante 2019, utilizó información del diagnóstico que estaba alineado al PND vigente hasta 2018”.
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