APRO/Carina García
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer una acción afirmativa para que personas con discapacidad o pertenecientes a grupos en vulnerabilidad, como LGTBI+ o población afromexicana, tengan garantizadas candidaturas.
Los magistrados confirmaron hoy criterios del INE para el registro de candidaturas a diputaciones de partidos y coaliciones, que habían sido impugnados por los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Solidario, Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), además del ciudadano José Alfredo Chavarría.
El Tribunal dio la razón a Chavarría y ordenó al INE incorporar una acción afirmativa eficaz tendiente a garantizar que personas con discapacidad accedan a candidaturas, e incorporar en ellas a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas de comunidades afromexicanas o LGTBI+.
Esto porque se valoró que en el proceso electoral federal 2018 se registraron 61 candidaturas de personas con discapacidad, 21 fueron suplentes y el resto propietarios, 19 por cargos federales y el resto por locales.
Pero esas candidaturas representaron sólo 0.33% de cargos en disputa, y en realidad sólo llegaron a la boleta 0.28%, en tanto que a nivel federal ganaron su elección sólo una senadora con discapacidad motriz y un diputado con discapacidad visual.
El TEPJF vinculó al Congreso para que en el futuro introduzca esas acciones afirmativas en la legislación.
En tanto, los magistrados rechazaron los reclamos de los partidos que se oponían a más candidaturas indígenas, mejores posiciones para abanderadas mujeres o las reglas que los obligan a cumplir con esas postulaciones por la vía de mayoría o de representación proporcional.
El PVEM impugnó la obligación de que tres de las cinco listas de candidaturas a diputados por representación proporcional estén encabezadas por mujeres, mientras que PT y PES se opusieron a las nuevas reglas del INE que aumentaron la obligación de registrar candidaturas indígenas, de 13 que estaban obligados en 2018 a cuando menos 30 para 2021. Nueve de esas postulaciones deberán ser de representación proporcional.
Pero esas reglas fueron confirmadas por unanimidad de los magistrados, aunque se ordenó al INE precisar los 21 distritos en los que deberán registrar candidatos indígenas, pues son 28 los distritos federales con más de 40% de población perteneciente a etnias.
