Fraude en la Cruz Azul: “Un robo siete veces más grande que la Estafa Maestra” - LJA Aguascalientes
15/09/2021


APRO/Raúl Ochoa

 

Cinco meses después de asumir las funciones por mandato de un juez, la nueva administración de la Cooperativa La Cruz Azul adelanta que el quebranto a la cementera del anterior director general, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, asciende a 45 mil 480 millones de pesos.

Y puntualiza que aun cuando ese agravio es parcial, supera con creces la llamada Estafa Maestra –el mayor escándalo de corrupción en el país–, mediante la cual el gobierno federal empleó en 2017 a 186 empresas para el desvío de 7 mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones.

El agravio a la cooperativa, según los documentos consultados por Proceso, se evidenció como resultado de la auditoría –aún en curso– practicada por la firma Process and Compliance Joint, una empresa de auditores certificados contratada por la actual administración de la cementera.


El equipo de auditores comprobó que 42 mil 300 millones de pesos en activos fueron transferidos a Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V., cuyos administradores (comité técnico) eran el propio Álvarez Cuevas, su hijo Guillermo Robin Álvarez Joan y sus colaboradores Raúl Antonio Enríquez López, Mario Sánchez Álvarez, Noé Calvo Morales, Ángel Jiménez García, Armando García Lugo, Apolinar Ortiz Hernández y Jorge Fernández Rodríguez.

Todos están prófugos, junto con el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, otro de los aliados de Billy Álvarez.

Apenas en agosto pasado un juez de control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas y nueve personas más, entre ellos los involucrados en el referido fideicomiso, acusados del delito de administración fraudulenta.

Esto, un mes antes de la primera orden de aprehensión contra el otrora hombre fuerte de la cooperativa, librada el 29 de julio anterior por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Respecto al desvío de recursos que forma parte de la auditoría ordenada por la actual administración de la cementera, otros 2 mil millones de pesos pasaron directamente a la cuenta del abogado Junquera por pago de honorarios, y 80 millones al corredor público Misael Dehesa Pulido, como responsable de valuar los activos desviados.

También se determinó que la mayor parte del desfalco se reflejó en los bienes de la Cooperativa La Cruz Azul, en específico en dos de sus plantas: la del estado de Hidalgo y la de Lagunas, Oaxaca, ambas con un valor de 43 mil 200 millones de pesos.

“Este asunto nadie lo ha visto con la dimensión que tiene, la catástrofe de lo que implica el daño a la cooperativa en cuanto a montos y la afectación económica que esta persona (Guillermo Álvarez) fue capaz de causar a los cooperativistas. Si nos vamos a las cifras, este robo es siete veces más grande que el de la Estafa Maestra”, alerta uno de los directivos de la cementera.

 

Los abusos de Junquera

Según el balance general, en 2016 Billy Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo idearon un mecanismo “de apropiarse de la cooperativa” junto con el abogado Junquera.

El 15 de agosto de ese año la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., representada en el acto por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas y Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V., representada por su delegado fiduciario Pablo Martínez de Velasco y Velasco, celebraron un contrato de Fideicomiso de Garantía con la finalidad de capitalizar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.

Los resultados arrojaron que el fideicomisario únicamente facilitó el desvío de recursos. CBL Fiducia es “un supuesto fideicomiso de garantía que no garantizaba nada”, alerta uno de los directivos de la actual administración de la cooperativa.

En esta trama también se desprende el manejo de esos movimientos. Es decir, primero fue celebrado el contrato modificatorio de prestación de servicios profesionales el 11 de febrero de 2013, representada por una parte por Billy Álvarez, a quien, para efecto de este convenio, se le denominará “el cliente”, y por la otra Desarrolladora Táctica FA, S.C., representada por José Manuel González Urbina.

De acuerdo con la auditoría, el 11 de febrero de 2013 la sociedad denominada Junquera y Forcada, S.C., celebró contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el “cliente”. Según el convenio, el abogado cobraría 5% de los bienes aportados. Es decir, 2 mil millones de pesos únicamente de honorarios.

Dicho monto se pactó para ser pagado durante 10 años, a razón de 18 millones de pesos mensuales. Hasta el momento en que se libró la primera orden de aprehensión contra Billy Álvarez, en julio pasado, la cementera pagó aproximadamente 700 millones al abogado.

Previamente la anterior dirigencia trasladó su posesión y dominio, así como su propiedad, al citado fideicomiso ilegal. En específico, el punto 5 de los antecedentes del referido contrato indica: “Al día de hoy se ha establecido un valor a los bienes que se incorporan al fideicomiso para capitalizar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones que para tal efecto se constituyó, mediante los dictámenes valuatorios expedidos por peritos en la materia, valor de los bienes que asciende a 43 mil 200 millones”.



 

Lo anterior, sin contar que Fiducia le cobraba mensualmente a la cooperativa por la renta de sus propias plantas.

En el juicio 187/2013, radicado en el Juzgado Primero de Distrito, los abogados Jorge Eugenio Olvera y José Suárez –representantes jurídicos del presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Armando Valverde Talango–, reclamaron los actos y se condenó a Guillermo Álvarez Cuevas a entregar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Hasta el momento, el exdirector de la cooperativa continúa sin dar cumplimiento ni rendir cuentas.

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