- Los representantes de la Sociedad Civil en el Sipinna hacen un llamado a alzar la voz por la niñez
- Se debe impedir que las instituciones que han sido creadas para su protección sean debilitadas
La desaparición del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no generará ahorros ni eficiencias presupuestales. Por el contrario, invisibilizará a este sector de la población y pondrá en clara desventaja a aproximadamente 40 millones de personas.
Así se expresan en un posicionamiento público dado a conocer el día de hoy por los siete representantes de la Sociedad Civil en el Sipinna: Aranzazu Alonso, Nelia Bojórquez, David Calderón, Isabel Crowley, José Ángel Fernández Uría, Teresita Lanzagorta y Consuelo Morales.
Los firmantes hacen un llamado a la sociedad mexicana en general, y a los colectivos que atienden los derechos de niñas, niños y adolescentes, a expresar su rotundo rechazo al desmantelamiento del Sipinna y al traspaso de sus tareas al Sistema Nacional DIF, que tiene un enfoque únicamente asistencial y no cuenta con atribuciones para garantizarles todos sus derechos.
Contrario al argumento del jefe del Ejecutivo de que lo que se busca es ahorrar recursos, la desaparición del Sipinna no abonaría en esa dirección, ya que es un mecanismo de articulación sin presupuesto, que únicamente coordina esfuerzos de instituciones que ya tienen sus propios recursos asignados. El Sipinna no otorga ningún beneficio a particulares, no firma contratos ni genera una burocracia excesiva.
El Sipinna surgió como respuesta del Estado Mexicano a sus compromisos en el marco de la Convención de Derechos del Niño (25 años después de haberla ratificado) y tiene su sustento en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Atendió también a las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo a México, el cual en su momento afirmó que la ausencia de una instancia que condujera de manera eficaz los derechos de la niñez y los adolescentes era preocupante y debía resolverse.
Adicionalmente, los Sistemas DIF en los estados han dependido históricamente de las cónyuges de los gobernadores, dando a su operación un enfoque político, con altos niveles de discrecionalidad. Es claro que el DIF no ha podido cumplir su propio mandato acotado y no tiene capacidad de un sistema referido a Educación, Salud, Bienestar Social, Seguridad, Acceso a la Justicia, Trabajo, Inversión Pública, participación y expresión de los propios niñas, niños y adolescentes. Se requiere reformar el mandato del DIF, pero sin afectar o desaparecer al Sipinna.
Los firmantes del posicionamiento convocan a la ciudadanía a alzar la voz por la niñez, impidiendo que las instituciones que han sido creadas para su protección sean debilitadas y desarticuladas. Quienes perderían con una decisión así no son los gobiernos ni sus funcionarios; pierde una generación entera de mexicanos.
Pacto Primera Infancia
