Juicio de extradición de Julian Assange: la libertad de prensa, en riesgo - LJA Aguascalientes
19/06/2024

APRO/Alejandro Gutiérrez

 

Este lunes 4 la juez británica Vanessa Baraitser dictaminará si autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, lo que sentaría las bases para amordazar los principios de la libertad de prensa que sustenta derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.

“Es curioso que décadas atrás se premiara a periodistas por la publicación del caso Watergate y actualmente se persiga a periodistas por publicar crímenes de guerra. La involución es evidente. Y el gravísimo precedente que podría suponer la extradición del señor Assange también lo es”, advierten los abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, coordinadores de la defensa del fundador de Wikileaks, al responder a las preguntas de Proceso.

“Si finalmente se acordara esa extradición, los periodistas del mundo no se atreverían a publicar información que pudiera afectar a los intereses de los gobiernos norteamericanos, generándose un apagón informativo y por ende perdiéndose el control ciudadano.”

Los entrevistados se muestran convencidos, tal y como ha sido el hilo rector de la defensa jurídica de Assange, que el caso del australiano pone en un riesgo irreparable los derechos a la libertad de prensa en el mundo.

Explican por escrito a este semanario: Julian Assange creó Wikileaks, “cuyo valor añadido era garantizar, desde el punto de vista tecnológico, el anonimato de las fuentes (los conocidos como whistleblowers) mediante un sistema de cortafuegos de IP”.

Lo que permitía que las personas que conocen de graves violaciones a derechos humanos o casos de corrupción podían “denunciar los hechos garantizándose su anonimato y evitando represalias contra ellos. Por lo tanto, Wikileaks, como medio de comunicación, simplemente recibe información veraz de interés público. Eso jamás puede ser considerado delito, por lo que atacar esa actividad es atacar, directamente, el núcleo de la actividad periodística”.

Garzón, fundador y director de la International Legal Office for Cooperation and Development, y Martínez, miembro del despacho, consideran que si este lunes 4 se concede la extradición de Assange, “se habría producido un daño irreparable a la libertad de prensa del mundo y, sobre todo, al derecho de acceso a la información de los ciudadanos”. Se trata de “dos derechos fundamentales en democracia”, porque suponen la posibilidad de que “los medios de comunicación controlen el ejercicio del poder e informen a los ciudadanos sobre la actividad de nuestros gobernantes”.


Sin el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, argumentan, “los ciudadanos dejarían de controlar a sus mandatarios y la democracia quedaría desprovista de todo control, deslizándose peligrosamente hacia un sistema autoritario fuera del control ciudadano”.

Recuerdan que la plataforma de Wikileaks publicó información veraz que exhibía gravísimos crímenes internacionales cometidos en Irak y Afganistán. En abril de 2010 Wikileaks publicó el video del 14 de julio de 2007, en el que se ve a militares de Estados Unidos disparando desde un helicóptero al reportero de Reuters, Namir Noor-Eldeen, a un ayudante y otras nueve personas, siendo que ninguno de ellos hizo amago alguno contra las tropas ­estadunidenses.

El 25 de julio de 2010 los medios The Guardian, The New York Times y Der Spiegel dieron a conocer 92 mil documentos contrastados sobre la guerra de Afganistán, que habían llegado a través de Wikileaks. Dicho material revelaba que los militares estadunidenses habían provocado miles de víctimas civiles como parte del “fuego amigo” en sus operaciones desde 2001.

Asimismo se desvelaron las conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia de Pakistán.

El 22 de octubre de 2010 Wikileaks difundió masivamente los documentos de la guerra de Irak (llamados Iraq War Logs) filtrados desde el Pentágono, en los que se revela el uso sistemático de técnicas de tortura y la muerte de cerca de 110 mil personas, la mayoría civiles ajenos al conflicto.

Garzón y Martínez señalan al respecto que “lejos de ser un delito, lo que hizo Wikileaks es periodismo, y no sólo no es una acción delictiva, sino que debe ser protegida”.

Y, por el contrario, “por los crímenes de guerra revelados por Wikileaks no se ha investigado a nadie, mientras que el periodista que los reveló lleva más de 10 años de calvario y persecución”.

Por eso creen que una eventual extradición generaría “un precedente peligrosísimo para todos los periodistas del mundo. Las intervenciones militares quedarían blindadas tras un telón de acero de información. Nadie podría informar sobre los abusos y violaciones a derechos humanos que se pudieran cometer, ya que podría ser acusado y extraditado a la jurisdicción norteamericana. Lo mismo pasaría con la corrupción, los periodistas no podrían informar de estos hechos porque quedarían expuestos a una persecución penal extraterritorial desde Estados Unidos”.

Assange podría enfrentar penas de hasta 175 años de prisión si se aprueba su extradición a Estados Unidos.

Durante esta década, el fundador de Wikileaks sufrió una “causa carente de lógica jurídica en Suecia, en la cual un órgano fiscal, en el marco de una mera investigación preliminar, cursó una orden europea de detención y entrega (extradición)”. Una orden que se cursó después que Assange declarara y le indicaran que podía dejar el país porque no se veían indicios delictivos.

Garzón y Martínez están convencidos que “Assange despertó a un Leviatán” por las “medidas extremas impensables contra un periodista que únicamente ha publicado información veraz”. Ése Leviatán ha activado “todo un abanico de medidas contra él en estos 10 años, no sólo con esta escandalosa trama de presunto espionaje, sino con campañas de difamación, presiones al país de protección y demás acciones que se corresponden con una respuesta que no tiene precedente”.

Estos 10 años de acoso ha impactado en el estado de salud del australiano, tanto física como psíquicamente. “Ha sufrido una década de tormento inimaginable”.

Luego de siete años de reclusión en la embajada ecuatoriana en Londres, sin acceso al aire fresco o a la luz solar, que tuvo un “brutal impacto para su salud”, fue detenido y encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la “Guantánamo británica”.

En esa situación de salud tan deteriorada, su ingreso a prisión, y no en un centro hospitalario como pidió su defensa, se agravó con la llegada de la pandemia del covid-19. Las políticas penitenciarias en Belmarsh han vuelto a aislar a Assange, esta vez en una minúscula celda, saliendo de la misma escasamente algo menos de una hora al día. Por lo tanto, su estado de salud se ha agravado aún más.

El relator de la ONU contra la tortura Nils Melzer ha visitado a Assange varias ocasiones, siendo acompañado por médicos especializados, y ha alertado sobre el grave deterioro de la salud del fundador de Wikileaks. El relator ha denunciado que está sufriendo tortura, tratos cruel, inhumano y degradante, como consecuencia de la acción coordinada de varios países.

Diversos médicos del mundo suscribieron un informe en el que aseveran que podría llegar a morir en prisión como consecuencia de su delicado estado de salud

Ante esta situación, su defensa pidió el arresto domiciliario mientras se dilucidaba la extradición, principalmente porque Assange no está cumpliendo ninguna condena, y podría estar protegido de la pandemia, preparar su defensa y no estar confinado en una celda que agrava su estado de salud. Sin embargo, las solicitudes de arresto domiciliario fueron denegadas por las autoridades judiciales británicas.


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