APRO
La horrorosa masacre de 19 personas –al menos 13 de ellas migrantes de Guatemala– en el poblado de Santa Anita, en Tamaulipas, rememora el “caso emblemático” de los 72 muertos de San Fernando, también en Tamaulipas, y retrata un “panorama más amplio sobre ataques diarios contra migrantes en México, permitidos por el clima de impunidad continuo respecto a estos crímenes”, denunció hoy la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
“El gobierno mexicano debe garantizar una investigación pronta sobre el crimen, la identificación forense de las víctimas y permitir a las familias de las víctimas y sus representantes legales, el acceso completo al expediente del caso”, urgió WOLA.
Según la organización, con sede en Estados Unidos, la violencia contra los migrantes en México se ha expresado de varias formas, entre ellas a través del “desastroso” Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como el plan “Quédate en México”, implementado por los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
A consecuencia de este programa, subrayó WOLA, se documentaron más de mil 300 casos de solicitantes de asilo que fueron víctimas de asesinato, violación, tortura y secuestro después de ser devueltos a México para esperar de este lado de la frontera que un tribunal de migración de Estados Unidos determinara su estatus.
De acuerdo con la organización, la política de detención y deportación sistemática impulsada por el gobierno de López Obrador –bajo la coordinación de la Cancillería, dirigida por Marcelo Ebrard Casaubón– obliga a las personas migrantes a adoptar rutas peligrosas y a utilizar los servicios de grupos criminales que los exponen a riesgos de muerte.
Y advirtió que, a raíz de las crisis económicas y humanitarias que desataron la pandemia de covid-19 y los desastres naturales en Centroamérica, aunadas a la violencia endémica en la región, se puede esperar que “la migración a través de México no terminará pronto” y, por lo contrario, “la región verá un flujo continuo de personas buscando asilo y mejores oportunidades”.
Finalizó: “El gobierno mexicano puede hacer mucho para proteger a los migrantes en su territorio: prevenir, investigar y castigar los delitos contra migrantes, pero también asegurar el acceso al sistema mexicano de asilo son acciones prioritarias”.
