En los estados, las prioridades del gasto público no reflejan las prioridades de los ciudadanos y esto se traduce en variaciones entre lo presupuestado y lo verdaderamente ejercido
En promedio, los estados destinan aproximadamente el 36% de sus recursos a educación, el 13% a salud y protección social en salud, el 4% a seguridad pública y el 4% a justicia
El resto de los recursos se destina a otras partidas como turismo, transporte, comunicaciones, ciencia, protección ambiental, entre otras
El Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020 analiza las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos estatales. Este estudio permite monitorear y comparar el gasto de todas las entidades federativas mediante la adopción de un “lenguaje único” en la información financiera, es decir, estudia las prioridades del gasto público ejercido. Este es un seguimiento al análisis presentado en diciembre 2020.
¿Cómo gastan los estados?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que en los estados, las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades del gasto público. Las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta. Esto propicia un mal uso del dinero público y deja sin atender las verdaderas prioridades.
En 2019, los poderes ejecutivos estatales gastaron 153 mil 710 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (7% más). En 7 de las 32 entidades se gastó al menos 15% más de lo aprobado por su congreso local. Se encontró que en promedio, las 32 entidades federativas destinaron el 36% del total de sus recursos a educación, el 13% a salud y protección social en salud, el 4% a seguridad pública y el 4% a justicia.}
En el caso de Aguascalientes, está entre los 10 estados que menos destinan a educación y seguridad.
IMCO Propone para reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos:
Establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del congreso local.
Mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso.
IMCO
