CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Nacido como una prioridad presidencial a la que se le asignó amplio presupuesto, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez inició su operación con irregularidades: una auditoría identificó que en 2019, año de su creación, la coordinación a cargo de operarlo ejerció recursos de manera indebida por 567 millones de pesos.
El próximo 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá su informe complementario por el ejercicio fiscal 2019, postergado desde el 30 de octubre, debido a que dicha entidad, dependiente de la Cámara de Diputados, no logró concluir sus trabajos, justificando la dilación en las medidas de distanciamiento social impuestas para atemperar la pandemia.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves 11 el formato de presentación que deberá entregar la ASF el sábado 20. Y entre los múltiples reportes por publicar destaca la auditoría 250-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar en relación con el mencionado programa de becas.
Dicho programa surgió como producto de una transformación. Al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó eliminar el peñanietista Prospera, Programa de Inclusión Social, una decisión que se perfilaba ya desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pues éste contenía la previsión de transferir los recursos correspondientes a ese programa al que lo sustituyera. El sustituto fue el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Proceso tuvo acceso parcial a la mencionada auditoría 250-DS en la que se registran las observaciones respecto de las siguientes prácticas:
Uso de recursos para fines distintos de los autorizados o establecidos en la normatividad; pagos improcedentes o en demasía; carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales y, finalmente, operaciones o bienes no registrados o registrados de manera errónea o extemporánea.
Las irregularidades identificadas implican manejo de recursos a través del Banco Azteca, el principal dispersor de las ayudas a estudiantes; también a BBVA Bancomer y al Banco del Bajío.
Además, la auditoría observa la relación con las irregularidades en el caso de los siguientes proveedores: Sinteg de México, SA de CV; D&P México Servicios Digitales, SA de CV y Sixsigma Netowrks México, SA de CV.
Sinteg en México se especializa en impresión y digitalización de documentos, un servicio por el que recientemente ha sido rechazado al no cumplir con requerimientos técnicos en diversas entidades gubernamentales; D&P México Servicios forma parte de la denuncia por pagos indebidos en Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes en el caso conocido como la “Estafa a la Veracruzana”.
En tanto Sixsigma Networks México es una subsidiaria de Kio Networks, la empresa de soluciones tecnológicas propiedad de la magnate María Asunción Aramburuzabala, que en este sexenio ha sido excluida de la proveeduría en distintas áreas gubernamentales.
